Después de un fin de semana de actos políticos, presentaciones ante la ciudadanía y batallas discursivas, el Gobierno de coalición comienza una nueva semana de trabajo. Los precios desmedidos de los alquileres y el encarecimiento de la cesta de la compra están más presentes que nunca y el tiempo para hacer algo que de respuesta a la situación se agota con la legislatura. Acusaciones de electoralismo empiezan a sobrevolar el debate, mientras los gestores en la sombra de los partidos políticos calculan cuál es el mejor momento, a nivel de rentabilidad electoral, para lanzar leyes ansiadas por la ciudadanía. Mientras las familias continúan a la espera, asfixiadas.

Cesta de la compra

La pasada semana, el Observatorio de la Cadena Alimentaria se reunió con un IPC alimenticio del 16,6% sobre la mesa. La urgencia representada en los datos, y en las neveras de las familias trabajadoras, tan solo consiguió arrancar al encuentro un acuerdo para dar vida a grupos de trabajo que analicen las cadenas de valor de productos como el aceite de oliva o la leche. Un trabajo de análisis entre los eslabones de la cadena alimenticia que ponga el foco en el viaje realizado por los productos, desde el campo hasta las estanterías de supermercados y pequeños comercios, y detecte e que punto se dispara su precio.

Para la parte morada del Gobierno esto no es suficiente, razón por la que exigen abordar de forma más directa e inmediatamente los precios de los alimentos básicos. Por el momento, la eliminación, reducción en el caso de pasta y aceite, del IVA no ha conseguido los efectos esperados tras tres meses de aplicación y el cheque de 200 euros se esfuma rápidamente de las cuentas corrientes de los hogares humildes. La parte socialista pide esperar a que estas medidas, de las que asegura aún tienen recorrido, desplieguen sus efectos; desde Unidas Podemos apuestan por una intervención pública que aborde directamente los precios.

Esta gran diferencia se fundamenta en la discrepancia sobre quién es el responsable de la subida. Mientras que desde el PSOE, representado el ministro de Agricultura, Luis Planas, dan un voto de confianza a la cadena alimenticia, evitando señalar a los distribuidores como culpables y apostando por medidas de reducción fiscal y de ayudas puntuales a las familias; desde la parte minoritaria, representada por Ione Belarra, líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, apuestan por una intervención directa en el mercado al considerar que el encarecimiento de la cesta corresponde a los grandes supermercados, que han aprovechado la situación de crisis para aumentar sus beneficios.

 "Ahora estamos realizando un seguimiento muy estrecho para ver que las medidas que hemos tomado, que no son solo la rebaja del IVA, sino otras medidas como la ayuda a los agricultores para compensar el precio de los fertilizantes, y ver cómo esa reversión de la subida en los precios de la electricidad, que están en el origen de todo este episodio de inflación alta, se va reflejando a los costes y a los precios", ha apuntado este lunes Gonzalo García, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, en una entrevista concedida a Cinco Días.

En estos momentos, la negociación entre las partes continúa estancada, aunque atendiendo al pasado no debería descartarse un nuevo acuerdo. En esta materia, el último paquete conjunto se zanjó con una reducción del IVA, a propuesta del PSOE, y la concesión de un cheque de 200 euros a los consumidores, exigido por Podemos y visto con bueno ojos por los socialistas, para sacar adelante las medidas que se contemplaron en el paquete de medidas anticrisis aprobado pocos días antes de finalizar 2022.

Vivienda

En materia de vivienda las negociaciones y tiranteces son más complejas, pero la magnitud y necesidad de la medida empujan a ambos socios al positivismo y la certeza de alcanzar un acuerdo. El encarecimiento de la compra es insoportable para las familias, pero su progresión es más circunstancial y se espera que el valor remita, aunque existen diferencias entre los socios sobre qué hacer mientras. Sin embargo, la situación de la vivienda es estructural y responde a una ordenación de mercado muy concreta, lo que empuja a los socios a abordar un ámbito que no va a solucionarse por el propio efecto del mercado.

La tesitura inmobiliaria tampoco es positiva para la compra, que ve como el precio del metro cuadrado se ha incrementado un 4,1% durante el primer trismestre de 2023, en comparación con el pasado año. Así lo recoge el Informe de Tendencias del Sector Inmobiliario, publicado este lunes por Sociedad de Tasación, que sitúa el precio medio del metro cuadrado en los 1.801 euros. Además, ningún territorio se libra de experimentar una subida, recibiendo el golpe más alto la Comunidad de Madrid, con un encarecimiento del 5,8%. 

“La política de nuestro país en materia de vivienda es absolutamente fallida”, ha reafirmado este lunes la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Ha coincidido en fomentar la propiedad privada y bonificar, rebajar fiscalmente, a los propietarios”, ha continuado, antes de senticar lo evidente: “esto ha provocado un efecto contrario al que se pretendía, que es bajar el precio del arrendamiento en España”. La progresión de los precios de alquiler de los inmuebles da la razón a la recientemente presentada como líder de Sumar, que además ha recordado que “somos un país muy anómalo” en materia de vivienda. 

En esta línea coinciden todos los miembros morados del Gobierno, entre los que se incluye Díaz, cuya premisa es situar “la vivienda como un derecho”. Esto choca con parte de las filas socialistas que, si bien coinciden, también defienden su carácter de bien de mercado. Los socialistas apuntan a que un exceso de control podría provocar una falta de oferta y unos precios disparados, los morados señalan que estas dos cosas ya suceden y que las medidas continuistas que ponen parches no harán más que prolongar una situación que se irá agravando con el paso del tiempo.

Entonces, si la vivienda es un derecho, “hay que tener unas pautas legislativas absolutamente diferentes, tenemos que dotarnos de un parque público de vivienda con alquiler social, poniendo a disposición las que ya tenemos y creando un nuevo parque”, ha defendido la titular de Trabajo en una entrevista concedida a TVE. Lejos de ser algo propio de Ejecutivos alineados con las tesis más socialistas de intervención, Díaz ha recurrido a los ejemplo de Berlín o París para defender la necesidad de “limitar el precio del alquiler”. “Pagar un alquiler en España es imposible", ha lamentado.

Para ninguna de las dos variables, ni alimentos ni vivienda, existen avances notables. O al menos eso aseguran desde ambas partes del Gobierno, que a su vez trasmiten que los trabajos de puesta en común y consenso no cesan. El próximo 14 de abril conoceremos el dato de progresión del precio de los alimentos de marzo, situado en un 16,6% en febrero, y para conocer la situación de la vivienda tan solo hay que emprender el viaje de encontrar un hogar en una zona tensionada. Con esta tesitura, la situación económica de las familias trabajadoras, más y menos vulnerables, se torna compleja y entiende poco de electoralismo.