La Unión General de Trabajadores (UGT) se ha mostrado preocupada en relación al uso del periodo de prueba en los contratos indefinidos. El sindicato halla que se están dando una serie de malas prácticas al considerar que se está consolidando como una vía encubierta de precarización laboral. De esta manera, ha reclamado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que refuerce la vigilancia sobre esta modus operandi que plantea ante el posible incremento de casos fraudulentos.
Según los datos presentados por UGT en un informe sobre el mercado laboral, en 2025, con cifras hasta el mes de noviembre, se registraron un total de 31.600 bajas en contratos indefinidos por no superar el periodo de prueba. Se trata esta de una cifra que, tal y como han puesto sobre la mesa, contrasta con las 5.900 contabilizadas en 2019, antes de la reforma laboral y de la pandemia, lo cual supone haber registrado un aumento significativo por el que se han multiplicado por cinco las cifras.
El sindicato advierte además de que no solo han crecido las cifras absolutas, sino también el peso relativo de este tipo de bajas. En 2025, según relatan, casi siete de cada 100 finalizaciones de contrato se produjeron por este motivo, frente a un promedio del 4,6% durante el anterior ciclo expansivo. Para UGT, esta evolución refleja una tendencia preocupante que podría estar vinculada al uso indebido de esta figura contractual.
Es por ello que están mostrando serias críticas a este hecho y denuncian que “la ausencia de indemnización durante el periodo de prueba está siendo aprovechada por algunas empresas para sustituir, de facto, los contratos temporales”. Aunque reconocen que parte del incremento puede explicarse por el dinamismo del mercado laboral, consideran imprescindible una “vigilancia activa” para evitar abusos que pongan en riesgo los avances en estabilidad laboral logrados tras la reforma de 2021.
En paralelo, el informe señala que, pese a la reducción de la temporalidad, persisten importantes bolsas de precariedad. Un 38,4% de los contratos temporales duran menos de un mes, mientras que otro 15,3% se sitúa entre uno y seis meses. Para UGT, estos datos evidencian que sigue existiendo un segmento del mercado laboral marcado por la alta rotación y la inestabilidad.
Asimismo, el sindicato observa un incremento de la rotación en los contratos indefinidos, aunque lo considera un fenómeno lógico derivado de la transformación del mercado laboral. La absorción de antiguos contratos temporales “hiperprecarios” por fórmulas indefinidas o fijas discontinuas explica, en parte, esta dinámica. No obstante, UGT pide al Instituto Nacional de Estadística (INE) que adapte sus herramientas para analizar mejor estos cambios.
El informe también pone el foco en otros desafíos. Entre ellos, destacan los recientes signos de desaceleración en el empleo tecnológico, que tras años de crecimiento ha registrado caídas interanuales en sectores clave como telecomunicaciones o I+D. Esta tendencia, unida a problemas de retención de talento, podría comprometer los objetivos de transformación digital.
En cuanto al conjunto del mercado laboral, UGT subraya que España ha vivido un ciclo “extraordinario” en los últimos años. Desde la reforma laboral de 2021, el empleo ha crecido más de un 10%, superando los 22 millones de ocupados, mientras que la temporalidad ha caído a mínimos históricos y el paro ha descendido por debajo del 10%.
Sin embargo, el sindicato advierte de que persisten importantes sombras. Entre ellas, el elevado peso del empleo a tiempo parcial involuntario, especialmente entre mujeres; la precariedad juvenil y el alto volumen de horas extraordinarias no remuneradas, que representan el 39% del total y generan pérdidas millonarias tanto para los trabajadores como para la Seguridad Social.
UGT también alerta del impacto del encarecimiento de la vivienda en el mercado laboral, al limitar la movilidad geográfica y dificultar la cobertura de determinados puestos. Por ello, insiste en la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo, mejorar la orientación a desempleados y acelerar la creación de una nueva agencia estatal que modernice el sistema.
