Rememorar el 10 de febrero de 2012 deja un recuerdo agrio para trabajadores y sindicatos. Aquella jornada, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba la reforma laboral que impulsaba aquel año y que, posteriormente, el 8 de marzo fue secundada por el Congreso de los Diputados. La reforma introdujo cambios sustanciales que, lejos de beneficiar a quienes ostentaban un puesto de trabajo en aquel, ponía sobre la mesa nuevos elementos que jugaban en su contra.
El descontento por la modificaciones que se promovieron fue notorio, tal fue así que derivó en la huelga general que sacó a los trabajadores a las calles escasos días después, concretamente el 29 de marzo. Los retrocesos en los derechos de los trabajadores a los que daba lugar esta reforma laboral que impulsaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy despertaron gran polémica y rechazo entre la ciudadanía. Sin embargo, también fue un asunto que provocó una gran división entre el Gobierno y los sindicatos, ya que se aprobó unilateralmente sin haber alcanzado un pacto previo.
Ante el recuerdo de esta reforma laboral impuesta, en la que los sindicatos quedaron relegados en el diálogo y que llevó a ver al Gobierno de Rajoy aprobar modificaciones de gran relevancia sin contar con un consenso social, UGT y CCOO han firmado una propuesta sindical conjunta que pivota en torno a cuatro pilares fundamentales; sin embargo, uno de los principales es el de la negociación colectiva. Así, aluden a la Constitución Española no solo para recordar que en el artículo 28 se subraya el derecho a sindicarse, sino que hacen especial mención al artículo 37 para reprochar aquel suceso de 2012, ya que en este punto la CE expone que "la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios".
De esta manera, proponen un marco de trabajo para abordar la vivienda, los despidos, la mencionada negociación colectiva y la contratación a tiempo parcial. Todo ello, exponiendo que está en juego el futuro de más de diez millones de personas en el país que pasan por una compleja situación laboral y social. Además, también subrayan que los destacables datos macroeconómicos que ha obtenido España en los últimos meses, así como las buenas previsiones de futuro, no han ido acompañados de una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. Por lo que entienden que este es un aspecto que debe abordarse cuanto antes.
La reforma laboral de Rajoy: un texto aprobado a la voluntad del Gobierno y que daba pasos atrás en lugar de avanzar
Los cambios introducidos en el ámbito laboral en el año 2012 serán recordados por mucho tiempo debido al retroceso que supuso para la estabilidad y derechos de los trabajadores. Como se mencionaba, aprobado unilateralmente sin contar con el visto bueno de los sindicatos, con los que no se negoció, el Ejecutivo de Rajoy introdujo modificaciones que supusieron problemas para muchas personas en sus empleos.
Entre los diferentes puntos polémicos que introdujo estuvo, por ejemplo, el abaratamiento del despido, ya que La indemnización por despido improcedente pasó de 45 días por año trabajado a 33 días y se facilitó el despido objetivo por causas económicas.
Además de ello, se otorgó mayor poder del empresario para cambiar condiciones, pues las empresas pudieron modificar salarios, horarios, funciones o lugar de trabajo con más facilidad. No solo eso, sino que se amplió el llamado “descuelgue” de convenios, es decir, no aplicar lo pactado si la empresa alegaba dificultades.
Estos eran algunos de los puntos controvertidos que incluía esta reforma laboral, entre los cuales también figuraban la creación de un contrato con un año de periodo de prueba, durante el cual se podía despedir sin indemnización; así como se eliminó la autorización previa de la administración en los ERE.
No obstante, una de las medidas más notorias y que provocó grandes críticas fue la prioridad que se otorgó al convenio de empresa sobre el sectorial. Esto implicaba que se podía provocar competencia a la baja en salarios y condiciones, especialmente en empresas pequeñas.
Blindar el diálogo social y reforzar derechos: las propuestas sindicales
La propuesta conjunta presentada por CCOO y UGT se articula en torno a cuatro grandes ejes con el objetivo de reforzar la protección de los trabajadores y consolidar un modelo laboral más equilibrado. Tal y como han explicado ambos sindicatos, el planteamiento busca dar continuidad a la senda iniciada con la reforma laboral de 2021, apostando por combinar crecimiento económico con empleo estable y reducción de desigualdades.
El primero de los pilares se centra en la reforma del sistema de despido. Los sindicatos consideran que el modelo actual no cumple con su función disuasoria ni garantiza una reparación adecuada para el trabajador. Por ello, proponen recuperar los salarios de tramitación -eliminados en 2012 por Rajoy-, incrementar las indemnizaciones por despido improcedente e introducir cuantías mínimas. Además, plantean reforzar el control sobre las causas alegadas por las empresas para extinguir contratos, especialmente durante los periodos de prueba, y otorgar al trabajador mayor capacidad de decisión en caso de despido injusto, incluyendo la posibilidad de recuperar su puesto.
El segundo eje aborda el uso de los contratos a tiempo parcial, que los sindicatos denuncian como una vía frecuente de precarización. En este sentido, defienden que el contrato a jornada completa debe ser la norma general, relegando el parcial a situaciones excepcionales encontrando siempre la voluntariedad del trabajador. Para ello, proponen exigir una justificación clara para su utilización y regular de forma más estricta las horas complementarias, evitando abusos y garantizando condiciones equiparables a las de las horas extraordinarias. Asimismo, subrayan el impacto de este tipo de contratación sobre las mujeres, que concentran la mayoría de estos empleos.
El tercer bloque pone el foco en el blindaje del diálogo social. CCOO y UGT reclaman que la negociación colectiva y la participación sindical queden garantizadas por ley, evitando decisiones unilaterales del Gobierno en materias laborales de gran calado, como ocurrió en 2012.
Por último, la propuesta incorpora la vivienda como un elemento clave. Los sindicatos la identifican como uno de los principales problemas de la clase trabajadora y abogan por políticas que garanticen el acceso a un hogar digno, vinculando directamente esta cuestión con la calidad de vida y la estabilidad social.
