El flamante nuevo presidente del Partido Popular presentó el pasado viernes su plan de actuación para proteger a las familias de la crisis económica provocada por la guerra de Ucrania. Nuñez Feijoo llevaba varios días anunciando un plan elaborado por ex ministros, profesionales y expertos provenientes de la “sociedad civil”, y anunciaba un programa de actuación que iba a demostrar, como vienen repitiendo desde su congreso, que no son la oposición, “sino la alternativa” al gobierno de coalición. Nuñez Feijóo quiere así contribuir a corregir el rumbo establecido por la política económica del Gobierno, que considera, lógicamente, perniciosa para el futuro del país.

Una lectura rápida del documento ya indica que el Partido Popular ha preferido pasar de la enmienda a la totalidad a la propuesta articulada. En el documento no hay ni rastro de los mitos que han solido acompañar al partido en la era de Casado, como la continua referencia a la curva de Laffer, o a convertir a Andalucía, España, Castilla y León o Madrid (dependiendo de donde realizara el mitin) en el Silicon Valley de Europa. Tampoco hay ninguna referencia a Irlanda, a que el Gobierno está malgastando los fondos europeos o que estos se están repartiendo sin control. En otras palabras, el nuevo presidente del partido pasa página para dejar atrás la era más estéril, ilusa, mágica y acientífica de la política económica de un partido supuestamente de gobierno. Y han hecho bien: con el programa y los principios que el PP lleva paseando desde otoño de 2018 era inviable construir una política económica solvente.

Con este prolegómeno, el PP presenta una batería de propuestas, centradas en la reducción de la carga impositiva, la reformulación del plan de recuperación, la reforma de la política energética y algunas medidas vinculadas a mejorar el entorno de negocios en España. Algunas de las propuestas son positivas: por ejemplo, reforzar la división de evaluación de la AIReF, totalmente sobrepasada en estos momentos para hacer frente a la inmensa tarea de evaluar una cantidad creciente de gasto público. También la idea de dar libertad de amortización de las instalaciones e inversiones vinculadas a eficiencia energética es una buena idea, pues supone en sí mismo un incentivo para acometer la transición energética. También lo es la realización de un plan de eficiencia del gasto público -sin determinar- y la posibilidad de programar incentivos fiscales en la ejecución de plan de recuperación, una medida que sin duda facilitaría la absorción de fondos, pero que tendría como contrapartida un período posiblemente muy largo de preparación ajuste y verificación de que esos incentivos fiscales tienen impacto en los objetivos del plan. El documento se obsesiona con demostrar la viabilidad de sus propuestas, metiendo además números en algunos casos para demostrar que las ensoñaciones económicas de Casado han quedado atrás.

Otras medidas son más cuestionables, y con las que no se puede estar de acuerdo, como es la afirmación de que el Plan Nacional de Energía y Clima debería permitir mantener a todas las tecnologías energéticas abiertas. Uno podría entrever en esa frase la propuesta de mantener las centrales de diesel y de carbón abiertas, algo que sería muy desafortunado y que nos haría retroceder años. La idea de mantener abiertas las nucleares más allá del período actual es también muy discutible, pero efectivamente debería discutirse.

Con todo esto, de momento, tenemos una serie de propuestas que podrían tener efectos en uno o dos años. Pero muy poca cosa para el año en curso, que es donde tenemos el problema de la inflación y de los altos precios energéticos. Y ahí, precisamente, es donde el PP muestra todas sus señas de identidad y donde más se parece al PP de Casado: la respuesta ofrecida para la crisis de precios que vivimos, al igual que lo fue para la crisis financiera de 2008 y lo fue para la pandemia, y también lo fue para la desaceleración de 2019 y el período de recuperación de 2014-2017, es la misma: bajar los impuestos. No debería sorprendernos pues es la esencia de su política económica en la oposición: prometer históricas bajadas de impuestos que, cuando llega la hora de la verdad, se materializan para mayor beneficio de los más ricos. La diferencia con otros momentos es que, en esta ocasión, el PP sí ha argumentado y detallado el plan, y lo hace de una manera que, a simple vista, podría parecer convincente.

Sin embargo, estas rebajas, en un país con un déficit estructural persistente, con una infrafinanciación de sus servicios públicos y una alta deuda pública, es perniciosa per se: España sigue teniendo un gasto público y unos ingresos públicos por debajo de la media de la Unión Europea. Las referencias -afortunadamente no vertidas en el documento, pero sí repetidas es intervenciones y entrevistas- a que España podría ahorrarse 60.000 millones de euros si su gasto público fuera más eficiente rozan la indigencia intelectual, por muchos estudios que presenten sus think tanks satélites para reforzar ese mito. Pero es que, en este caso, además de perniciosa y regresiva, sería una medida totalmente contraproducente: bajar los impuestos estimularía un incremento del consumo que iría precisamente en la dirección contraria a solucionar el problema que tenemos, que no es otro que los altos precios provocados por las restricciones en la oferta de bienes como los energéticos. La medida impactaría a través de un mayor consumo, un alza todavía mayor en los precios, un incremento de nuestros desequilibrios externos (la inmensa mayoría de nuestra energía es importada) y una peor posición fiscal, pues como era esperable, el programa propone bajar los impuestos pero no hay ni una sola palabra sobre reducir el gasto público. Es decir, la jugada perfecta para empeorar las cosas a costa de favorecer a los más acaudalados. El propio Fondo Monetario Internacional así lo ha reconocido en sus últimos informes. De todas las medidas que se pueden tomar, la peor es una bajada generalizada de impuestos.

¿Debe el gobierno, entonces, despreciar el plan? En absoluto. Eso sería un grave error. El PP va a pasear su propuesta, llena de ideas donde hay cosas rescatables y donde hay cosas inasumibles, para demostrar que está preparado para gobernar. Y lo hará en un contexto de ofensiva permanente, irracional y llena de mitos contra los impuestos y el gasto público, que la izquierda, hasta el momento, no ha sido capaz de contrarrestar: informes estúpidos sobre la ineficacia del gasto público, continuas alusiones al milagro Irlandés, magnificación del “derroche” ministerial, alusiones a que los trabajadores del sector público son unos mantenidos, referencias a un indicador de dudosa calidad como lo es el esfuerzo fiscal… son un bombardeo que cala en una parte de la población, y si tras este bombardeo llega una propuesta mínimamente articulada que da forma a este mensaje, la probabilidad de que germine en un campo abonado por este estiércol intelectual es muy alta.

 Dar la callada por respuesta no es aceptable, porque el PP ha reclamado un espacio para negociar y pactar estas medidas con el ejecutivo. Tendrá el gobierno que explicar a los ciudadanos qué cosas son asumibles, cuáles no lo son, y qué alternativas tiene para ofrecer. Si no lo hace, corre el riesgo de que la ofensiva programática del PP cale en parte de la ciudadanía, y si es así, se encontrará a la defensiva frente a un programa que, de llevarse a cabo en su totalidad, dificultará a medio plazo la senda de crecimiento y de corrección de desequilibrios que todavía tenemos que acometer.