Ryanair ha lanzado un duro desafío al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tras la sanción de 179 millones de euros impuesta por el cobro de equipaje de mano. La aerolínea irlandesa exige que el ministro Pablo Bustinduy "respete la legislación de la Unión Europea" y amenaza con trasladar el impacto económico de la multa a los pasajeros con tarifas más altas.
En un comunicado emitido este jueves, el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha calificado de "ilegales" las sanciones impuestas y criticó duramente la postura del Gobierno español. "El deber del ministro Bustinduy es respetar la legislación europea, que garantiza la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios y políticas sin interferencias", ha afirmado O'Leary.
La aerolínea, que transportó a 60 millones de pasajeros en España en 2024, argumenta que sus políticas de equipaje son esenciales para mantener tarifas "ultrabajas" y fomentar que los viajeros opten por llevar menos equipaje. "Nuestros pasajeros aceptan gustosamente nuestras condiciones a cambio de precios reducidos. Lo último que quieren es que el ministro interfiera con multas populistas", ha sostenido el directivo.
Además, O'Leary ha acusado al Gobierno de actuar de manera arbitraria y populista, señalando que en lugar de sancionar a las aerolíneas, debería tomar medidas contra agencias de viajes en línea "que están cobrando de más a consumidores desprevenidos" o contra los proveedores de control de tráfico aéreo "que provocan retrasos evitables en los vuelos cada verano".
Bruselas investiga la sanción
El conflicto ha trascendido las fronteras españolas y ha llamado la atención de la Comisión Europea, que ha abierto una investigación preliminar sobre la multa impuesta por el Ejecutivo español a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea.
Según fuentes comunitarias, Bruselas ha iniciado un diálogo "informal" dentro del mecanismo 'EU Pilot', dando a España un plazo de diez semanas para justificar la sanción. Dependiendo de la respuesta del Gobierno, la Comisión podría iniciar un procedimiento de infracción si considera que la medida vulnera la normativa europea de libertad de precios.
La investigación responde a una denuncia interpuesta por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) y Airlines for Europe (A4E), quienes alegan que la sanción española va en contra de la libertad de fijación de precios establecida en el reglamento europeo de servicios aéreos.
Desde la Comisión Europea han señalado que si bien apoyan las medidas de protección al consumidor, estas deben respetar la normativa del Mercado Interior y garantizar la transparencia en la fijación de precios. Además, recalcan que la liberalización de tarifas ha permitido reducir los costos para los pasajeros y favorecer la competencia en el sector.
Bustinduy responde: "Lo que busca la aerolínea es que la ley se adapte a sus intereses"
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha respondido a Ryanair asegurando que "este 'ministro ridículo' no va a dejar de defender a los consumidores ante quien haga falta". A través de su perfil en Bluesky, Bustinduy respondió directamente a Michael O'Leary, quien había calificado la sanción como una "multa absurda e ilegal inventada por este ministro ridículo". El enfrentamiento se ha intensificado en los últimos días, después de que el directivo de Ryanair llamara a Bustinduy "ministro loco comunista" en referencia a la medida anunciada por el Gobierno.
El ministro ha defendido la legalidad de las sanciones, explicando en una entrevista con LaSexta que "son multas basadas en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en posiciones del Parlamento Europeo y la legislación española". "No creo que todas estas instituciones sean locos comunistas", ha ironizado Bustinduy, reiterando que la decisión del Gobierno se ajusta al marco normativo vigente.
Bustinduy también ha acusado a Ryanair de intentar ejercer "presión o chantaje" para modificar la normativa a su favor. "Lo que busca la aerolínea es que la ley se adapte a sus intereses, a que las tarifas de los aeropuertos se adapten a su modelo de negocio y no al revés, que es como debe ser", ha afirmado el ministro. "Nuestra obligación es defender la ley con todo rigor en defensa de los derechos de los consumidores", ha sentenciado.
