La compañía Ryanair debe pagar más de 100 millones de euros de multa. Así lo ha dictaminado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que el año pasado habría abierto el expediente sancionador a la compañía aérea. La cuantía de esta sanción multiplica por 17 la multa más alta que se había puesto a una sola empresa en la historia por una asociación de consumidores, tal y como ha señalado FACUA a través de una nota de prensa.

Entre los motivos que han motivado la multa de Consumo, la principal es que la aerolínea irlandesa cobraba a los consumidores por el equipaje de mano. La aerolínea cobraba a los viajeros por los bolsos y mochilas en el interior del avión. Sin embargo, no es necesario facturar ese equipaje. Otras de las razones de esta sanción es que también exigía cobros extra para elegir asiento de quienes viajan con personas dependientes y no aceptar los pagos en metálico de la compra de billetes y otra serie de servicios. Así, considera que estas son "prácticas lesivas" contra los derechos de los consumidores de sus servicios.

Eso sí, no es la única aerolínea que ha sido sancionada por Consumo: Vueling, Volotea y Easyjet también deberán pagar multas por prácticas comerciales. Estas empresas habrían aplicado las mismas normativas después que la compañía Ryanair en 2018 y por la que ha sido multada. Las multas llegan tras un año abiertas, debido a las diversas denuncias de las organizaciones de consumidores. En 2023, la Dirección General de Consumo de Baleares inició con las correspondientes investigaciones, que se basan en lo estipulado en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. 

Organizaciones de consumidores, como FACUA, han abierto una plataforma de asesoramiento. Así, buscan ayudar a las personas afectadas por estas prácticas para que les devuelvan las cantidades extra que les habían cobrado estas compañías aéreas. 

La multa "perjudicará a los consumidores"

Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), han mostrado su rechazo ante las sanciones que ha impuesto el departamento de Bustinduy a través de una nota de prensa. Esta organización considera que la cuantía es "desproporcionada". Asimismo, indica que "perjudicará a los consumidores", que no podrán contratar exactamente lo que necesiten y se verán obligados a pagar servicios que no quieren.

De la misma forma, esta organización ha esgrimido que es una práctica "totalmente legal" y respaldada por la legislación europea, que permite a las compañías aéreas fijar sus tarifas. También ha recordado que, ante estas sanciones, todavía es posible recurrir la decisión de la cartera de Consumo a través de un recurso de alzada.