La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico,Teresa Ribera y su homólogo portugués el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática, José Duarte, han mantenido este miércoles una reunión en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, con el objetivo de prorrogar el efectivo mecanismo ibérico que limita el precio del gas utilizado en la producción de energía eléctrica.
De acuerdo con fuentes ministeriales, la reunión se ha desarrollado en una clave muy positiva entre ambas partes. Con dicho encuentro, el Gobierno de España inicia los trámites formales del proceso que determine la posible prórroga de dicho mecanismo regulatorio.
A lo largo del encuentro se ha analizado el exitoso funcionamiento de la solución ibérica, desde su entrada en vigor el pasado 15 de junio del 2022. La efectividad de la medida a quedado sobradamente demostrada tal y como apuntan las sucesivas caídas del precio de la luz que, cerró el 2022 con el precio más bajo de toda Europa (2,65 euros)
Desde que empezó a funcionar la solución ibérica, las familias, la industria y las empresas de España se han visto beneficiadas por un considerable ahorro en sus facturas eléctricas, que hasta el 8 de enero de 2023 estaba cifrado en 4.577 millones de euros.
En línea con el compromiso del MITECO y del conjunto del Gobierno para seguir protegiendo a las personas y al crecimiento económico de nuestro país, España enmarca esta petición de prórroga de la solución ibérica como un mecanismo transitorio dentro del debate de fondo sobre la necesaria reforma del mercado eléctrico europeo. A partir de ahora, serán los equipos técnicos de la Comisión Europea quienes habrán de realizar los trabajos de análisis para la extensión de la solución ibérica.
Un mecanismo que Bruselas pretende adoptar
Esta solución ibérica impulsada conjuntamente por España y Portugal está intentando ser emulada por Bruselas. El pasado 19 de diciembre de 2022, los ministros de Energía de los Veintisiete acordaban un tope al gas de 180 euros, superando las reticencias de países como Alemania u Holanda.
Finalmente, el país germano sucumbió a la presión de la mayoría de los Estados miembros y claudicó en favor de intervenir el mercado fijando un tope al gas de 180 euros el MWh, cinco euros por debajo de lo que se barajaba anteriormente.
De acuerdo con la presidencia checa del Consejo, Alemania se unió al bloque que apoyó este tope. Por su parte, Países Bajos -otro de los Estados que más reticentes se mostraron a la intervención del mercado- y Austria se abstuvieron, mientras que Hungría, mayor aliado de Putin en Europa, se posicionó en contra de la propuesta.
