El plan de José Luis Escrivá para flexibilizar la regularización de trabajadores inmigrantes se está encontrando con reticencias provenientes de diferentes sectores. Los sindicatos encuentran aspectos positivos a la flexibilización, pero plantean posibles fraudes que podrían suponer, a efectos prácticos, que las personas migrantes fuesen damnificadas. En la misma línea, desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, piden precaución de cara a dar manga ancha a los requisitos de formación e incentivar, de esta manera, la contratación de mano de obra barata. La posibilidad de incurrir en fraude en la formación es otro de los aspectos que preocupan a sindicatos y Trabajo.

A pesar de las críticas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no tiene pensando frenar la reforma del arraigo por formación, que fue aprobada en julio del pasado año, y ha dado diez días a los agentes sociales, de los que ya han transcurrido tres, para realizar nuevas aportaciones al plan. No obstante, desde la cartera liderada por Escrivá no necesitan el visto bueno de las organizaciones sociales, aunque cuenta ya con el de la patronal, dado que la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración en la que está teniendo lugar este debate es un órgano consultivo, no vinculante.

¿Qué quiere modificar Escrivá?

La pretensión del equipo del ministro de Seguridad Social es facilitar la regularización de los inmigrantes sin papeles que desarrollen su formación en España y se sumen al mercado laboral tras finalizar esta. El arraigo de formación, que fuera aprobado en el verano de 2022, plantea diversos requisitos que ahora Escrivá quiere aliviar. Esta figura permite actualmente que las personas que demuestren vivir en España durante mínimo dos años y asuman el compromiso de “realizar una formación para el empleo reglada u obtener una acreditación oficial de cualificaciones profesionales” podrán obtener un permiso de residencia, que no permite trabajar, durante un año.

Una vez finalizada, pueden solicitar un permiso de residencia y trabajo de dos años si consigue superar el curso y presentar un contrato laboral relacionado con el ámbito estudiado que cumpla los mínimos legales. Ahora, Escrivá quiere relajar las exigencias planteadas, suprimiendo la exigencia de realización de un mínimo de 200 horas de cursos desarrollados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), eliminando la exigencia del 100% de presencialidad para facilitar la conciliación y ampliar el espectro laboral en el que podrían desempeñarse los trabajadores (sector vinculado con la actividad de los estudios realizados).

El Ministerio apuesta por esta flexibilización para facilitar el acceso a los trabajadores migrantes al mercado laboral, apoyándose en las reclamaciones de las organizaciones que trabajan con migrantes que lamentan un exceso de “rigidez” en la normativa aprobada en julio de 2022. “Lo que estamos haciendo, desde un punto de vista de sensibilidad social, es profundizar en esta instrucción”, defendía Escrivá la pasada semana. Sin embargo, a pesar de que coinciden en la intención de eliminar barreras para las personas migrantes, Trabajo y sindicatos temen que flexibilizar en demasía la norma facilite el uso irregular de esta, siendo los migrantes los que sufran las consecuencias.

Sindicatos y Díaz en contra

La ministra de Trabajo fue clara con su posición, anteponiendo el “respeto a los derechos fundamentales” y poder “garantizar la formación de calidad” para la que “no cabe flexibilización alguna”. “Claro que existe un problema de trabajadores en muchos sectores, pero los empresarios tienen que disponer de las condiciones laborales adecuadas para que se pueda desplegar el mercado de trabajo con la eficiencia de la que somos capaces. ¿Por qué razón se van miles de españoles a la vendimia francesa y no lo hacen en nuestro país”, se preguntaba la también vicepresidenta, que añadía que la posición de su cartera “es muy semejante a la de los sindicatos”.

En lo referido a las organizaciones sindicales, UGT considera que una regularización extraordinaria de migrantes en situación de irregularidad va "en la buena dirección". No obstante, piden que se garantice que en este proceso no haya una utilización fraudulenta de las formaciones y que se salvaguarden así los derechos de todas ellas. CCOO, por su parte, se muestran bastante más duro y no confían en el buen hacer de las empresas. Lucro a través de cursos con calidad cuestionable o la definición de formaciones expresamente para obtener este tipo de arraigo son algunas de las cuestiones que preocupan al sindicato.

Además, coincidiendo con la ministra de Trabajo, temen que este mecanismo sirva en su aplicación como un facilitador para obtener mano de obra a precio más barato para sectores como la construcción y la hostelería. En esta línea, tanto sindicatos como la cartera liderada por Díaz exigen que se garantice las condiciones de trabajo dignas y una formación de calidad para los trabajadores migrantes, evitando que la flexibilización facilite el fraude.