Gobierno y agentes sociales han mantenido este viernes una de las reuniones previstas para avanzar en la reforma laboral, con nuevas propuestas presentadas por parte del Ejecutivo. La más importante pasa por que el Ejecutivo propone poder realizar contratos de formación en alternancia con varias empresas, dentro del impulso a la formación de los trabajadores. 

La reunión ha estado centrada por la formación, tal y como aseguran fuentes de UGT tras el encuentro. El Gobierno ha facilitado esta pasada noche un texto a los agentes sociales para poder avanzar en la reunión, en el que ha modificado la redacción del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, que matiza que el nuevo contrato formativo -que sustituirá a los anteriores- se podrá realizar con personas “sin cualificación profesional”.

El texto aclara que “estos son los verdaderos destinatarios”, aclara UGT, como una propuesta similar al contrato en aprendizaje. No obstante, el nuevo contrato formativo también podrá ser utilizado con aquellos trabajadores titulados de Formación Profesional o universitarios, “siempre que no se hubiese dado ningún contrato formativo” y “en una formación del mismo nivel formativo o del mismo sector productivo”.

Por otro lado, el Ejecutivo también ha propuesto que la formación pueda hacerse con programas públicos o privados, siempre que forme parte del catálogo de especialidades formativas del SEPE. En otro orden de cosas, limita el contrato de formación hasta los 30 años, con excepciones para los estudios universitarios, certificados de profesionalidad nivel 3 o cursos de especialización de Formación Profesional.

Prácticas durante los tres años siguientes

Otra de las propuestas en la formación es que se puedan realizar contratos de formación en alternancia con varias empresas, siempre en base al mismo ciclo que dichos contratos respondan a actividades vinculadas al ciclo o plan formativo, sin que la duración máxima de todos los contratos pueda exceder del límite máximo. Además, el contrato de formación en alternancia no tendrá periodo de prueba, asegura UGT.

En el caso de contratos para realización de prácticas, solo podrán hacerse en los tres años siguientes -cinco años para personas con discapacidad- a la finalización de los estudios. Podrán acogerse a ello aquellos trabajadores con título universitario, título de grado medio o superior, especialista, master profesional o certificado del sistema de formación profesional, así como título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas.

Este contrato no podrá concertarse con trabajadores que ya hayan trabajado para la misma empresa para esa actividad por un periodo de tres meses, según la propuesta del Gobierno, “sin que computen a estos efectos los periodos de formación o practicas del currículo exigido para la obtención del título”, explican desde el sindicato.

Sin embargo, el Ejecutivo plantea que se podrán suscribir sucesivos contratos en prácticas en función del nivel de estudios y que podrán hacerse para varias empresas, siempre que no se supere el límite máximo de un año, el tiempo recogido en la propuesta del Gobierno.

Dos modalidades de ERTE

El segundo gran punto de la negociación es el mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tras la pandemia, con una nueva redacción del artículo 47, por el que se activa por acuerdo del Consejo de Ministros. La propuesta matiza que “no servirá como justificación o aval para la adopción a nivel empresarial de medidas que afecten al empleo o las condiciones de trabajo”. En este caso, se podría optar por una reducción de jornada y, en caso de no ser viable, se suspendería.

En cuanto a los ERTE, se exponen dos tipos muy diferenciados. Por un lado, los ERTE cíclicos, bajo una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año.

Por otro, los ERTE sectoriales, en caso de que un sector o sectores aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación. En este caso, la duración es de un año con posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una. Esta propuesta se remite a la Inspección de Trabajo para informe.

Asimismo, el Gobierno ha propuesto un plan de recolocación en el caso de modalidad sectorial, la obligación de no poder realizar horas extras y con beneficios en materias de cotizaciones. En cifras, las empresas que contraten trabajadores de empresas incluidas en el mecanismo sectorial recibirán bonificaciones de cuotas del 50% durante seis meses. Asimismo, estas empresas podrán incrementar el crédito para la financiación de actividades en formación.

Multas de entre 1.000 y 10.000 euros

Según la propuesta, las personas trabajadoras se beneficiarán también de las medidas de protección social previstas y tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a iniciativas de formación. Además, se creará un fondo para atender las necesidades de financiación.

UGT destaca que la nueva propuesta elimina, aceptando su petición, los elementos que permitían el tránsito a los despidos o la percepción de indemnizaciones a través del Fogasa. La propuesta incluye una petición de UGT para endurecer los incumplimientos en contratación colectiva y establece multas de entre 1.000 y 10.000 euros por persona en caso de contratación fraudulenta.

A pesar de los avances, desde el sindicato aseguran que la sensación es que “la negociación no avanza con la debida celeridad”. Las partes se han emplazado a una nueva reunión, que se celebrará el próximo miércoles.