La investidura, pese a los bandazos de Carles Puigdemont, parece cada vez más cerca. En la tarde del jueves, el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sellaban su acuerdo con la presentación de un documento que contempla diversas concesiones al Ejecutivo catalán. Un sonriente Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y un complacido Oriol Junqueras, líder de los republicanos, rubricaban sus firmas sobre un texto de 14 páginas que contempla, entre otras cosas, la condonación de parte de la deuda que Cataluña tiene con el Estado.

El consenso alcanzado entre ambos partidos recoge “la asunción del entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales”. La cantidad perdonada ascenderá hasta los 15.000 millones de euros, lo que ahorrará a las cuentas catalanas 1.300 millones en intereses. Este dinero prestado a la autonomía procede del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y se condona al entenderse que el aumento de la deuda responde a “impacto negativo del ciclo económico”. Pero, ¿qué es el FLA?

El FLA, al detalle

El Fondo de Liquidez Autonómica, FLA por sus siglas, es una línea de créditos diseñada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para dar respuesta a la crisis económica que atravesaba el país por aquel momento. La principal pretensión del fondo es dotar a las Comunidades Autónomas de financiación para evitar así que estas se vean obligadas a acudir a los mercados, corriendo el peligro de no poder hacer frente a esa deuda.

Desde el año 2015, esta línea de créditos se integra en el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que, junto con su homólogo destinado a Entidades Locales, es el principal mecanismo del que dispone el Gobierno para aseverarse de la sostenibilidad financiera del resto de administraciones y, sobre todo, garantizar que, en caso de impagos devenidos de la coyuntura, la deuda de las administraciones se contraiga con el Estado y no con una entidad de mercado.

El FLA, de igual manera que otros fondos, depende del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que a su vez es competencia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital liderado por Nadia Calviño. Las comunidades que recurren a este cuentan con la obligación de destinar el dinero solicitado a saldar la deuda contraída con entidades financieras o a hacer frente a pagos pendientes a proveedores. Además, como no podría ser de otra manera, el Estado es mucho mejor prestamista que las entidades privadas, motivo por el que los intereses de concesión son mucho menores a cualquiera que se pueda encontrar en el mercado.

“La puesta en marcha de los mecanismos adicionales de financiación ha facilitado una elevada liquidez a las administraciones territoriales a unos costes muy reducidos, en un período de crisis económica que requería unas mayores necesidades de financiación y en un entorno de fuerte inestabilidad en los mercados financieros que en muchos casos les impedía acceder a la misma y en otros les exigían costes muy elevados”, explica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su página oficial.

¿Qué Comunidades Autónomas están acogidas al FLA?

Pese a ser un fondo de financiación destinado a las Comunidades Autónomas, no todas están acogidas. De las 17, tres han decidido quedarse fuera. La lógica actual ha querido que, allá por 2012, la primera en adherirse a este fondo fuese Cataluña. A esta le siguieron Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla – La Mancha, Cantabria y Canarias. Poco después, se sumaron también Castilla y León, Extremadura, Aragón, Galicia y La Rioja. Solo tres autonomías están fuera de este grupo: Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra.

Durante los tres primeros años de vida del fondo, nueve comunidades autónomas percibieron dinero cada año, alcanzado en torno a 60.000 millones de euros de fondos en tan solo tres años. A fecha de 2023, todos los territorios acogidos al FLA mantienen una deuda con el Estado, pero las cuantías son muy diversas. Cataluña vuelve a destacar en esta cuestión, dado que es la Comunidad Autónoma que más dinero debe, un total de 73.110 millones de euros.

De lejos, en segunda posición aparece la Comunidad Valencia, con 48.344 millones de euros, y el pódium lo completa Andalucía, debiendo 25.409 millones. La lista la continúan Castilla-La Mancha (11.363), Murcia (10.286), Aragón (5.053), Baleares (4.916), Cantabria (3.090), Galicia (2.759), Extremadura (2.494), Castilla y León (1.966) y Canarias (1.294). Tan solo Asturias, con 858 millones de euros, y La Rioja, con 805 millones de euros, se encuentran por debajo de la barrera de los 1.000 millones.