De la cama a la mesa de trabajo. Esta es la nueva rutina de muchos españoles que, debido a los efectos de la pandemia, se han visto obligados a modificar sus hábitos profesionales y personales.

El teletrabajo ya es una realidad que se ha materializado, finalmente, a través del Real Decreto Ley 28/2020, por el cual este modelo adopta un carácter voluntario, tanto para el trabajador como para la empresa, además de reversible. Sin embargo, España, que se sitúa a la cola de los países europeos en teletrabajo (concretamente nuestro país se ubicaba seis puntos porcentuales por debajo de la media europea) tendrá que realizar importantes esfuerzos e inversión para conseguir adaptarse a la nueva norma. ¿Está nuestro país preparados para asumir todos estos cambios?

Las empresas tienen por delante un importante reto ya que el RDL especifica que el cambio en el modelo de trabajo no podrá ser “causa justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo” y que, además, las empresas estarán obligadas a dotar de medios, equipos y herramientas suficientes para que cualquier teletrabajador desempeñe su labor a distancia.

De hecho, según el borrador, la compañía tendría que hacerse cargo de la parte proporcional de los gastos que genere el empleado por prestar sus servicios a distancia, siempre y cuando éste supere el 30 por ciento de su jornada semanal teletrabajando durante un periodo de tres meses. De no ser así, los empresarios incurrirían en una infracción grave penalizada con multas de entre 626 y 6.250 euros.

Gastos para las empresas

Aplicar los nuevos criterios supondrá un desembolso para muchas empresas que, por cuestiones de seguridad sanitaria, cuentan con un alto porcentaje de los trabajadores deslocalizados. De hecho, España ha pasado de contar con un 5% de teletrabajadores a sumar un 30% en cuestión de seis meses. En este caso, cabe preguntarse ¿se aplicará la norma por igual en todas las empresas?

Solamente aquellas personas que se incorporen a una empresa a teletrabajar a partir de hoy firmarán en su contrato un acuerdo de teletrabajo ¿Por qué? El RDL establece unos plazos para que las empresas tengan el tiempo suficiente para adaptarse a la nueva norma. Es decir, aquellas que cuenten con un convenio regulado entre empresarios y trabajadores sobre el teletrabajo, un escenario previo a la pandemia, dispondrán de un plazo de un año, prorrogable a tres, para adaptarse al nuevo contexto laboral, mientras que aquellas empresas que no dispongan de dicho convenio dispondrán de un plazo de 3 meses.

Un plazo que, el ministerio de trabajo considera más que suficiente para que las empresas se conciencien de lo que supone esta nueva norma, que pone el acento en los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el RDL contempla que los teletrabajadores tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario laboral; que pueden adoptar un horario flexible en función de sus necesidades y disponen de los tiempos de descanso estipulados por convenio aun estando en sus hogares. Además, se pone especial énfasis en la protección de datos y la intimidad de los empleados, especificando que, la empresa no podrá exigir al trabajador que instale programas o aplicaciones en dispositivos personales.

Sin embargo, son muchos los flecos que quedan sueltos en esta negociación entre empresas y trabajadores, que deberán de continuar en el tablero de los convenios colectivos. Por ejemplo, queda por ver si, finalmente las empresas se verán obligadas a compensar a los empleados por los gastos de electricidad – como retribución en especie- qué va a ocurrir con los tickets restaurante de los que disfrutan muchos empleados y que también suponen un coste para las compañías en una situación de teletrabajo o si los trabajadores contaban en su salario con un plus por desplazamiento.

Una España vaciada de recursos digitales

En el contexto de la crisis sanitaria, el acceso a la digitalización y a un buen servicio de internet se han convertido en requisitos indispensables para poder atraer a nuevos pobladores, que huyen de las masificadas ciudades, o a nuevas oportunidades de negocio.

Según Fernando Ojeda, consejero delegado de Eurona, una multinacional española de telecomunicaciones encargada de llevar Internet por satélite a los pueblos y a las zonas críticas de la ‘España Vaciada’, “todos estos datos ponen de manifiesto que, el uso que los ciudadanos hacen de Internet es similar en el pueblo que, en la ciudad, por eso es vital no olvidarse de las zonas rurales e insistir en que ya existen otras tecnologías viables económicamente como el satélite para hacer frente a la brecha digital que lastrará especialmente la recuperación económica y social en muchos municipios”. El teletrabajo, que hasta ahora no había sido prioridad para la España vaciada, cobra más sentido que nunca.

Según último informe publicado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sigue siendo especialmente llamativa la situación para 1,8 millones de hogares -alrededor de 3 millones de personas-, que no tienen acceso a una conexión mínima de 2 mbps de velocidad sobre todo en zonas rurales. Sin embargo, este será un hándicap que las comunidades autónomas tendrán que afrontar, sobre todo al considerar que, desde el pasado mes de agosto, se ha detectado un incremento de la compraventa de viviendas en zonas del interior (como por ejemplo en Extremadura, donde la compraventa de viviendas se ha disparado un 49%) y de empresas, que han abandonado las sedes físicas en las grandes urbes y buscan ubicarse en localizaciones económicamente más accesibles para poder hacer frente a los gastos que les genere la deslocalización de sus empleados.