El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra con el acuerdo de las dos partes del Gobierno y, concretamente, de las dos vicepresidentas principales, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. El consenso entre ambas se ha materializado en la prohibición de despedir por el encarecimiento de los precios de la energía. Una medida que, según fuentes de Trabajo, tiene un carácter más simbólico e ideológico que político. “Decimos lo mismo sobre el despido”, ha ratificado la ministra de Trabajo.
La prohibición del despido por el encarecimiento de la energía se suma a la ya aprobada, por la que las empresas acogidas a un ERTE no pueden prescindir de sus trabajadores. “Cuando hay una crisis y tenemos mecanismos de protección social no hay que despedir”, ha indicado Yolanda Díaz a los empresarios, para explicar después que el despido será “injustificado si tiene que ver con el aumento de los precios de la energía”.
El Gobierno responde con este Plan Nacional a un “shock económico que, con mayor o menor intensidad, va a afectar a todos los países europeos”, ha asegurado Calviño en una rueda de prensa protagonizada por las vicepresidentas económicas y energéticas –Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera- y en la que no ha participado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. El Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra nace como un “plan serio y ambicioso” y con una movilización “extraordinaria” de recursos públicos, con una dotación total de 16.000 millones de euros.
Los objetivos del plan pasan por lo anunciado este mismo lunes por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el apoyo a los consumidores más vulnerables con la bajada del precio del gas, de la electricidad y los carburantes; así como el apoyo a las empresas más afectadas por el encarecimiento de la energía. Unas medidas que tienen como meta final evitar la espiral inflacionista de la energía y la garantía de suministros.
Los cinco pilares del Plan Nacional
Objetivos que se resumen en los cinco pilares básicos del Plan Nacional, divididos en ayudas a familias, trabajadores y afectados por la guerra de Ucrania, ayudas a empresas, medidas para el transporte acordadas con las patronales mayoritarias del sector, medidas que abaratarán el precio de la energía y nuevas medidas de ciberseguridad. Ayudas que ya se conocían y que se han ratificado con su paso por el Consejo de Ministros, como es la rebaja del precio de los carburantes en 20 céntimos por litro como mínimo o la ampliación del Ingreso Mínimo Vital, la prórroga de bono social y las rebajas fiscales a la luz hasta el próximo 30 de junio.
También en materia del alquiler, el plan ratificado en Consejo de Ministros limita la revisión del alquiler hasta el 2% en los próximos tres meses. “El Gobierno tiene el mandato de proteger a las personas que viven de alquiler en nuestro país” –ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo- “Es la primera vez en tiempos de democracia que se acomete en nuestro país”.
El Consejo de Ministros ha materializado las medidas para el sector del transporte, acordadas el pasado viernes con los representantes mayoritarios del sector, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros, de los que 450 millones irán destinados como ayudas directas. Además, se han aprobado otras medidas para ayudar al sector como el aplazamiento extraordinario de cuotas a la Seguridad Social.
En materia de energía, el quinto bloque del plan, el Gobierno centra su actuación en cuatro objetivos básicos que pasan por reducir los precios de la energía y la espiral inflacionista, asegurar el suministro, impulsar la transición energética y proteger a los más vulnerables y afectados por la crisis energética, ya sean familias o empresas y pymes, tal y como ha anunciado la vicepresidenta de Transición Energética, Teresa Ribera.
Tope al precio del gas en el mercado de la electricidad
Unas medidas en el sector energético “que España venía reclamando desde el pasado verano” y que facilitan la competitividad a través de limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad para la Península Ibérica. No obstante, Ribera ha explicado en detalle que este tope al precio del gas no afecta al gas propiamente dicho, sino a las energías intramarginales.
El paquete de medidas energéticas del Gobierno incluye una revisión de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas pero solo para aquellos nuevos contratos o revisados, es decir, no tendrá carácter retroactivo. Frente a las empresas eléctricas, el Ejecutivo quiere impulsar las renovables con un “procedimiento superacelerado”, según Ribera, “siempre que tengan lugar en suelos con baja afección ambiental y que no incorporen sistemas de evacuación o cables”. El bono social eléctrico quedará también ampliado hasta el próximo 30 de junio, con un “cambio simbólico pero importante”, en palabras de la ministra, y es que pasan de considerarse solo familias a también personas convivientes.
Medidas energéticas con el fin último de bajar el precio de la luz, para conseguir “el precio más bajo posible”, en palabras de Calviño. Ribera ha recalcado que hay “elementos con cierta complejidad que están todavía en discusión” en Europa. “Nuestro compromiso es que, cuanto más bajo sea el precio que permita la Comisión Europea, será mejor para nosotros. Pero esto no significa que uno se marque un objetivo y que, si no llega, sea un fracaso”, ha explicado la vicepresidenta de Transición Energética.
El Gobierno no prevé un fuerte impacto en las arcas públicas con la aprobación de este paquete de medidas. Tanto que Calviño ha asegurado que “el punto de partida es sólido” y la previsión pasa por que “las ratios de deuda y déficit público sobre el PIB estén por debajo de la ratio del Gobierno”. En línea con la recaudación, la máxima responsable económica del Ejecutivo ha afirmado que la respuesta “no puede ser una bajada de impuestos en la economía” y que el plan recién aprobado está “absolutamente alineado” tanto por los bancos centrales como por los expertos económicos.
Un Plan Nacional que el Gobierno espera ratificar con el apoyo de los agentes políticos y los agentes sociales, para lo que Calviño ha mandado un mensaje a Alberto Núñez Feijóo. “Confío en el apoyo unánime de todos los partidos políticos cuando lo llevemos al Congreso. Es el momento de unidad y de aprobar un Plan Nacional de Respuesta a la Guerra que permita amortiguar el impacto negativo […] Veremos si el señor Feijóo aprovecha su posición para mostrar un cambio en el Partido Popular”.
