Patronal y sindicatos han protagonizado este lunes una mesa de diálogo social de forma pública en la que, más allá de sus diferencias habituales, han coincidido en un punto común: el tinte electoralista de algunos de los últimos anuncios en cuanto a la reforma del mercado laboral. Tanto Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE y representante de los empresarios españoles; como Pepe Álvarez, secretario general de UGT, han coincidido en sus respuestas tras ser preguntados por las últimas propuestas anunciadas por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre el mercado laboral. 

"Hay que situarse en medio de una campaña electoral larga. Hay que verlo desde esa perspectiva", ha respondido el secretario general de UGT al ser preguntado por el último anuncio de Yolanda Díaz, la reforma del despido en España. El líder de UGT ha reconocido en el debate público con sus compañeros del diálogo social -también presente Unai Sordo, secretario general de CCOO- que es necesaria una reforma del despido para matizar después: "Me gusta poco llevar estos temas en periodo de elecciones". 

Una crítica que también ha salido de la boca de Antonio Garamendi, presidente de CEOE, al ser preguntado por otro de los últimos anuncios formalizados por la ministra de Trabajo. "Estamos en una campaña electoral permanente. Muchas veces estos anuncios vienen como consecuencia de la campaña electoral. Ante esto nosotros defendemos el diálogo social, que el diálogo social se hace en tiempos de paz. Reclamo el diálogo social y no el monólogo social".

El líder de los empresarios españoles ha ido más allá y ha lanzado un mensaje contra el Gobierno: "Que no se le llame diálogo social cuando ya has decidido qué vas a hacer. Estamos a favor del diálogo social y no del monólogo social". Asimismo, se ha remitido a los acuerdos ya suscritos por patronal y sindicatos a lo largo de sus reuniones: "Si ahora van a cambiar las normas de la reforma laboral ya no es lo que yo firmé en su momento". 

¿Más "transparencia" en la nómina?

Los representantes del diálogo social han participado en uno de los actos estrella de la primera jornada del Foro Wake Up! Spain, celebrado esta semana en Madrid, con posiciones enfrentadas en otros temas del ámbito social y laboral. Es el caso de la petición de Garamendi de que, en aras de alcanzar "mayor transparencia", los trabajadores conozcan exactamente cuál es su sueldo bruto, neto y cuánto tienen que pagar a la Seguridad Social y al sistema de pensiones. "Si se hace con 3,3 millones de autónomos se podría hacer con el resto de trabajadores", ha reclamado el presidente de los empresarios españoles. Poco han tardado en responder los líderes sindicales, especialmente Unai Sordo, secretario general de CCOO. 

"Quiero pensar que es un juego retórico" -ha respondido Sordo a las declaraciones del empresario- "La transparencia para que un trabajador conozca su salario neto, su salario bruto, sus cotizaciones sociales o su aportación de IRPF ya aparece en un recibo que se llama nómina. Cuestión de transparencia no es". En este caso, el líder sindical ha alertado de entrar "en un juego peligroso para la sociedad si, con razones de transparencia, un agente económico imputa los costes al agente de al lado", como pudiera ocurrir en el caso de la sanidad pública o el mantenimiento de infraestructuras críticas para la sociedad. 

También Pepe Álvarez, líder de UGT, ha querido responder al empresario: "Las personas que pagan seguros privados en muchos casos se les descuentan de la nómina y no pasa nada. No he oido a nadie quejarse". "No hay nada más transparente que la Seguridad Social española ni nada que funcione mejor", ha defendido el secretario general. 

En esta línea ha surgido el tema de las pensiones. Garamendi ha recordado que la patronal dio el visto bueno a la primera parte del acuerdo de las pensiones, plasmada en el Pacto de Toledo. "Hemos dicho que sí a la revalorización de las pensiones", ha comenzado para matizar después: "Pero no hemos dicho que sí a la segunda, tercera o la cuarta porque pensamos que se ha montado una derrama, parecida a la de las comunidades de vecinos". 

A favor de la reducción de la jornada laboral 

De vuelta al terreno laboral, los participantes en la mesa de diálogo social se han pronunciado sobre la reducción de la jornada de trabajo. Una reducción que, en palabras de Sordo, tiene que ir en paralelo a "una mejora de la productividad a largo plazo". Preguntado por los plazos, se ha limitado a asegurar que "debería hacerse rápido", a lo que el presidente de CEOE ha contestado "se lo tienes que preguntar a otra persona que ya sabrá los plazos y todo lo que hay que saber" con cierto tono irónico, refiriéndose de nuevo a las acusaciones de monólogo social y la falta de diálogo entre las partes sentadas a la mesa. 

Por su parte, el secretario general de UGT ha dejado claro que "ha llegado el momento de reducir la jornada de trabajo", alegando que, a día de hoy, "hay sectores que todavía tienen jornadas muy largas, sectores internos, que no compiten con otras empresas europeas", como por ejemplo, la hostelería, el comercio o el sector servicios. "Creo que hay que hacerlo con acuerdos. Queremos trabajar con CEOE para ofrecer un acuerdo de reducción de jornada", ha confesado al lado de Garamendi quien, de nuevo, ha respondido con un ataque: "Es lo que debiera ser pero no puedes ir a la mesa con el cierre hecho".

Con respecto a la situación europea, el líder de Comisiones Obreras, Sordo, ha valorado positivamente el papel de Europa para salir de la crisis actual. "El marco de salida de una crisis en Europa ha sido diametralmente distinto al de hace diez años" -mantiene el líder sindical- "Nos preocupa que la recuperación de las normas fiscales en una aplicación rigurosa sea incompatible con las transformaciones digital o energética". Ante esto, ha alertado del riesgo en las próximas elecciones comunitarias si se produce un proceso de fragmentación: "Tras las elecciones europeas podría haber una parálisis o una marcha atrás en la unión". Por otro lado, Garamendi ha asegurado en la mesa de diálogo social que "los empresarios están preocupados por la inestabilidad política y la inseguridad jurídica".