El mes de marzo ha comenzado y muchos trabajadores se habrán dado cuenta de que su nómina de febrero es más abultada. Aquellos que todavía no hayan cobrado notarán también los ajustes realizados en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, comúnmente conocido como IRPF. Las modificaciones en el gravamen la notarán los trabajadores con los salarios más bajos, concretamente aquellos que perciban menos de 35.200 euros anuales, que verán variaciones en la retención del IRPF reflejada en su nómina. Hasta 250.000 trabajadores pueden ser los beneficiados de esta modificación.

Modificación en la nómina de febrero por el IRPF

La medida se contempla en el texto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, pero el periodo de adaptación requerido por la Agencia Tributaria ha propiciado que su aplicación se haya postergado hasta febrero. La rebaja del IRPF para las rentas inferiores a los 21.000 euros brutos anuales afectará a estos, pero también a los que se encuentren en el umbral entre los 22.000 y los 35.200, tramo que se ha ajustado para evitar las distorsiones que podrían producirse, propiciando saltos de tramo que, a pesar responder a la percepción de un salario real superior, acabasen reflejando una nómina inferior tras las retenciones.

Las cuentas anuales aprobadas contemplan esta ampliación de la reducción por rendimientos de trabajo, que se encontraba situado con anterioridad en los 18.000 euros. Esta modificación supondrá un ahorro de 1.881 millones de euros para el 50% de los contribuyentes, según las cifras que manejaba Hacienda en el momento del anuncio. No obstante, la rebaja real beneficiará a los que cuenten con nóminas inferiores a los 21.000 euros, ya que, los comprendidos entre esta cuantía y los 35.200 son objeto de un modificación técnica. En consecuencia, aquello que vean incrementado en su nómina no aparecerá en la posterior declaración de la renta.

Un ahorro de 746 euros anuales, un 40% menos de tributación, para un trabajador sin hijos a su cargo y que cobre 18.000 euros, ejemplificaba el Ministerio liderado por María Jesús Montero. Además, en lo relativo al IRPF, también se ha modificado el mínimo exento de su tributación, que se situaba hasta este momento en los 14.000 euros y asciende en 2023 hasta los 15.000 euros.

Perceptores del SMI

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también engrosará las nóminas de los 2,5 millones de perceptores que cobran lo mínimo por el desempeño de su trabajo. La aprobación de la revalorización se alargó hasta febrero, pero contemplado la retroactividad de enero. Esto quiere decir que los trabajadores no solo verán su nómina de febrero incrementada en 80 euros (en torno a 94 euros en caso de contar con 12 pagas), sino que deberá reflejar también la cuantía que no se abonó en enero al no estar todavía aprobada la subida.

El incremento de la prestación sitúa el SMI en los 1.080 euros en 14 pagas, 1.260 euros en 12 pagas. Esa será la cuantía que percibirán los que menos cobran en marzo; sin embargo, en febrero, los trabajadores que cobren el SMI en 14 pagas verán un aumento en sus nóminas de 160 euros, 80 correspondientes al mes en curso y otros 80 del pasado mes, quedando el salario bruto final en los 1.160 euros. Aquellos que, por contrato, tengan las pagas extra prorrateadas disfrutarán de un aumento mayor.

Si anteriormente percibían 1.166 euros al mes, con la nueva subida pasarán a cobrar 1.260 euros, un incremento de unos 94 euros. Atendiendo a esto, y sumando la subida de los dos primeros meses del año, el salario bruto percibido en febrero deberá ser 187 euros más alto, pasando a situarse en los 1.354 euros brutos. Cabe destacar que en el mes de marzo las cuantías retornarán al valor establecido, 1.080 y 1.260 euros.

Empuje de convenios

Como no podría ser de otra manera, esta subida del SMI afectará también a las empresas contratantes, que verán incrementada la cuantía a abonar al trabajador y, a su vez, a la Seguridad Social. Las más afectadas serán las pequeñas y medianas empresas (pymes), puesto que un 38% emplean a algún trabajador que cobra la cuantía mínima. Deberán adaptarse para cumplir la normativa, aprobada por el Gobierno para otorgar una mayor capacidad adquisitiva a aquellas personas que, incluso trabajando, no consiguen hacer frente a los gastos básicos.

Además, este incremento afectará directamente a estos asalariados, pero no se quedará ahí. Los convenios sectoriales y empresariales, muchos de ellos con cuantías inferiores al SMI en sus líneas, deberán reflejar, como mínimo, los 1.080 euros en su redacción o renovación. En aquellos sectores o empresas donde estos acuerdos estén bloqueados o estancados tampoco se escapan, puesto que, aunque no se concrete un convenio, en ningún caso podrán abonar menos de esta cantidad. Una buena noticia para sindicatos y trabajadores en un momento en el que denuncian que el sector empresarial está bloqueando las negociaciones para evitar subir los salarios, sobre todo en los lugares con menor organización sindical.