La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que aprueba el Consejo de Ministros este martes, es una realidad que, aunque con retroactividad desde enero, se hará patente con los primeros sueldos de febrero. La cuantía asciende ahora hasta los 1.080 euros en catorce pagas (1.260 euros en doce) después del incremento del 8% anunciado por el presidente del Gobierno en el Senado hace dos semanas. El encuentro entre Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, y los líderes de UGT y CCOO llegó a buen puerto y en torno a 2,5 millones de personas se beneficiarán de ello, a pesar de que la patronal decidiese no acudior a la negociación. No obstante, los trabajadores más precarios, casi un 14% del total, no serán los únicos afectados, ya que este aumentó afectará también a los convenios y resto de puestos de trabajo.
El SMI tiene un perfil de perceptor claro: “mujer de entre 16 y 34 años, con contrato temporal y que trabaja en el sector agroalimentario o en los servicios", apuntaba Unai Sordo, secretario general de CCOO. Lo cierto es que, diferenciando por género, la cantidad de mujeres perceptoras de esta cuantía (18,2%) es ocho puntos superior a la de hombres (10,3%), consecuencia de la brecha de género. Segmentando en función de edad, uno de cada tres jóvenes menores de 24 años cobra el SMI (31,7%), circunstancia que se reduce hasta el 19,2% en el rango 25-34 años y cae por debajo de la media ya en el siguiente tramo. En consecuencia, el perfil no podría haber sido definido mejor por el líder de CCOO.
A nivel sectorial destaca la situación de los trabajadores del campo, principal escollo que señalaba la patronal para no apoyar la subida, considerando que los empresarios agrícolas no podrán asumir pagar 1.080 euros a sus trabajadores. “Será devastador para el campo”, aseguraba Juan José Álvarez, director de la patronal agraria, apoyándose en la afectación de la guerra de Ucrania, pero obviando que esta afecta en mayor medida a los más humildes al caer su salario real por el aumento del coste de vida y la congelación de sus salarios. De hecho, en este sector, casi la mitad de los asalariados (46,7%) cobran lo mínimo posible, por lo que esta subida beneficiará a gran parte del sector. El porcentaje desciende notablemente en el sector servicios (14,5%) y la Industria (7,6%), destacando la Construcción con tan solo un 3,8% de beneficiarios de la cuantía.
Empuje de convenios
Como no podría ser de otra manera, esta subida del SMI afectará también a las empresas contratantes, que verán incrementada la cuantía a abonar al trabajador y, a su vez, a la Seguridad Social. Las más afectadas serán las pequeñas y medianas empresas (pymes), puesto que un 38% emplean a algún trabajador que cobra la cuantía mínima. Deberán adaptarse para cumplir la normativa, aprobada por el Gobierno para otorgar una mayor capacidad adquisitiva a aquellas personas que, incluso trabajando, no consiguen hacer frente a los gastos básicos.
Además, este incremento afectará directamente a estos asalariados, pero no se quedará ahí. Los convenios sectoriales y empresariales, muchos de ellos con cuantías inferiores al SMI en sus líneas, deberán reflejar, como mínimo, los 1.080 euros en su redacción o renovación. En aquellos sectores o empresas donde estos acuerdos estén bloqueados o estancados tampoco se escapan, puesto que, aunque no se concrete un convenio, en ningún caso podrán abonar menos de esta cantidad. Una buena noticia para sindicatos y trabajadores en un momento en el que denuncian que el sector empresarial está bloqueando las negociaciones para evitar subir los salarios, sobre todo en los lugares con menor organización sindical.
Ante la negativa de las empresas a acometer aumentos salariales sustanciales, Trabajo continúa con su estrategia de utilización del SMI como elevador de los salarios. Así, los trabajadores enmarcados dentro del menor tramo salarial en la estructura empresarial, en caso de ser este el mínimo, pasarán a cobrar 1.080 euros, lo que a su vez empujará a los tramos superiores por mera inercia. En suma, la subida beneficiará directamente a unos 2,5 millones de trabajadores, su mayoría mujeres y jóvenes, pero también afectará a un gran número de asalariados indirectamente.
