Barcelona actúa y el Gobierno de España presiona. El alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, anunció el pasado viernes 21 de junio que acabaría con todos los pisos turísticos en cinco años. El regidor indicó que su solución pasaba por la eliminación por completo de esta categoría en el Plan de Alojamientos Turísticos y, por ende, la de sus licencias.
"Es momento de asumir las competencias como ha hecho el alcalde de Barcelona", ha esgrimido la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Así, Rodriguez ha celebrado las acciones de las administraciones que están tomando "cartas en el asunto". En concreto, el caso de Barcelona, del que ha destacado: "Va a beneficiar a la ciudadanía de Barcelona que quiere vivir en su ciudad, que no quiere sea un parque temático y que prioriza el derecho al acceso a la vivienda frente a intereses económicos".
Asimismo, la ministra ha indicado en el programa Mirada Crítica de Telecinco que el Gobierno de España está valorando modificar la Ley de Propiedad Horizontal para vetar estos apartamentos. Tanto el Ejecutivo como el tribunal Supremo consideran que estas viviendas ejercen una actividad económica.
El Gobierno pide a los Ayuntamientos que actúen
El Ministerio de Vivienda está avanzando en sus planes para frenar la proliferación de los pisos turísticos. Este martes 25 de junio, la cartera ha convocado a los alcaldes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para decidir cómo frenar este fenómeno, que continúa presionando al mercado inmobiliario.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya se reunió con los líderes de las comunidades autónomas. Tanto la Administración local como la autonómica son las encargadas fundamentalmente de regular estos fenómenos. Así, la ministra pretende pedir a los ayuntamientos que actúen.
Durante dicho encuentro, la líder de la cartera de Vivienda habló sobre tener listo el registro estatal en 2025. Unas semanas después de la reunión, el ministro de Turismo, Jordi Hereu, aseguró que la puesta en marcha del registro para controlar las viviendas turísticas sería "en breve". En esa línea, la colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos es imprescindible, porque son quienes tiene las competencias de turismo y normativa urbanística, respectivamente.
Eso sí, aunque en la reunión Rodríguez no vaya a ser el único miembro del Gobierno de España ni del PSOE, se enfrenta a una mayoría de ayuntamientos dominada por el Partido Popular. Este es el caso de Madrid con Almeida, a quien le ha pedido que "intervenga" puesto que "claramente está limitando el derecho de los madrileños" a una vivienda digna.
Ninguno de los dos grandes partidos sabe bien cómo actuar
Pese a que son necesarios esfuerzos combinados entre administraciones para llevar a cabo este control, los dos grandes partidos españoles no sabe muy bien cómo se debe actuar al respecto. En los gobiernos locales y autonómicos, ambos partidos han actuando de forma distinta y han tomado decisiones contrarias a las posturas del otro.
Así, estas situaciones han llevado a varios bloqueos y conflictos en estas administraciones, más allá de los casos de Madrid y Barcelona. Por ejemplo, así ocurrió en ciudades como Santander o Granada.
Santiago: concejales del PSOE rompen la disciplina de voto
Este lunes 24 de junio en el ayuntamiento de la ciudad de Santiago, los seis ediles del PSOE decidieron oponerse a la postura de su partido y votar a favor de una norma para regularizar cientos de pisos turísticos ilegales, que quería tumbar el PP. Desde el punto de vista de estos concejales, esta ordenanza, que fue puesta en marcha por la dirección anterior del PSOE, "culmina el proceso" y "no indulta" a las viviendas turísticas.
La cúpula del PSOE había indicado a los ediles que en caso de no abstenerse en la votación, abriría expedientes por romper la disciplina de voto. El voto de los socialistas era indispensable en esta medida, pues sin ellos los 11 concejales del PP habrían tumbado la medida frente a los ocho del BNG y Compostela Aberta.
La decisión de los ediles socialistas no estuvo exenta de críticas por parte de los concejales del PP. Desde el grupo de los populares acusó al resto de grupos de haber obtenido la alcaldía con "engaños" contra las familias propietarias de viviendas turísticas.
Granada vs. Sevilla
En el caso de la ciudad nazarí, el Partido Popular va a aplicar una moratoria total con el objetivo de no aprobar nuevas licencias de vivienda turística, en base a un decreto autonómico que opera en toda Andalucía. Eso sí, esta medida no se extiende en el resto de la autonomía en las localidades gobernadas por el PP. En Sevilla califican esta medida de "imposible".
El Ayuntamiento de Granada no ve trabas legales para aplicar la moratoria, mientras que el consistorio de Sevilla se ha defendido en dudas jurídicas. El alcalde de esta última ciudad, José Luis Sanz, vive así otro roce con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, con quien arrastra ciertas discrepancias políticas.
Sevilla continúa sin imponer restricciones al alojamiento turístico, que continúa creciendo incesantemente. La ciudad tiene ya 9.403 pisos turísticos que ofertan 46.254 plazas en total, tal y como recogen medios como elDiario.es. Los partidos de la oposición en la ciudad siguen sin llegar a un acuerdo con el PP, pues consideran que su propuesta es muy endeble y que se debe evitar conceder nuevas licencias mediante la moratoria.
