Todos los altos cargos de la Generalitat de Cataluña tendrán muchos problemas e importantes limitaciones para usar sus tarjetas de crédito oficiales, firmar talones o realizar transferencias bancarias. Cada vez que hagan una operación de ese tipo, el banco que actúe de operador debe informar previamente al Ministerio de Hacienda y éste decidirá si se hace el pago o no. Técnicos del Ministerio han mantenido reuniones con responsables de CaixaBank, Banco Sabadell y BBVA para explicarles el 'modus operandi'. Desde este martes 19 de septiembre el Gobierno central asume el control de las finanzas de la Generalitat. El objetivo es que no se destine ni un euro a la organización del referéndum independentista declarado fuera de la Ley por el Tribunal Constitucional.
5.000 millones hasta diciembre
Según la Orden Ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado, la intervención estatal en las finanzas catalanas estará en vigor "hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general", si bien en la práctica Hacienda toma el control del presupuesto que le queda a la Generalitat hasta fin de año, y que se calcula en unos 5.000 millones de euros.
El Estado ya no ejecutará transferencias de dinero a la Generalitat para que pague sus gastos, sino que lo hará directamente. Cataluña recibe unos 1.400 millones de euros al mes con cargo al sistema de financiación autonómica y el control de ese dinero pasa a ser estatal. Lo único que puede manejar el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, es el dinero procedente de los impuestos propios establecidos por la administración catalana, como el impuesto sobre bebidas azucaradas, emisiones contaminantes de vehículos, el impuesto a pernoctaciones turísticas y otros impuestos cedidos por el Estado, como Patrimonio y Donaciones y Sucesiones.
Nóminas de 200.000 funcionarios
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se encargará de pagar directamente la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y las nóminas de casi 200.000 empleados públicos. De ellos 126.675 son funcionarios de la Generalitat, el resto son trabajadores de empresas públicas o consorcios.
El Ministerio de Hacienda ha advertido que el pago de estas nóminas dependerá de la colaboración e la propia Generalitat, que es el organismo que tiene el listado de las nóminas y su cuantía.
