La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llegado segundos antes de las 10 horas al Patio Floridablanca de la Cámara Baja, donde la esperaban la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Paneque, la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, y la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón. Todas ellas han posado ante los medios de comunicación congregados con el famoso libro amarillo, donde se detallan las cuentas. "Muy contentas las cuatro", ha asegurado la ministra, ante las preguntas de los periodistas. A continuación, han entrado al interior del Palacio para que la ministra entregase el proyecto de ley a la presidenta del Congreso en el Salón de Pasos Perdidos.

Allí le esperaba la Mesa del Congreso y los portavoces de la Comisión de Presupuestos, encabezados por su presidente, el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre. A las 10.20 horas, Montero y Pastor han llegado al Salón de Pasos Perdidos, 'tablet' en mano cada una, y han posado para la prensa con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Comienza la tramitación de los PGE

Posteriormente, el proyecto de Presupuestos será calificado por la Mesa del Congreso, que se reúne a las 11.00 horas. A partir de entonces, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad.

El paso siguiente será su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y, a continuación, se abrirá un plazo de uno o dos días para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno con el fin de explicar las cuentas de los distintos departamentos. Tras la ronda de comparecencias, y teniendo en cuenta que los días 22 y 23 de enero ya están ocupados en la celebración de un Pleno extraordinario para convalidar ocho decretos ley del Gobierno, los grupos deberán decidir si presentan enmiendas a la totalidad. Concretamente, el plazo para la presentación de estas enmiendas de devolución, según las previsiones que maneja la Mesa del Congreso, finalizará el viernes 8 de febrero al mediodía. El debate de las mismas, en el que la ministra de Hacienda defenderá su proyecto, se prevé para los días 12 y 13 de febrero.

Tras el debate con todos los grupos, presenten o no enmiendas de totalidad, todas ellas se votarán de una tacada, es decir, en una única votación, puesto que piden lo mismo: tumbar los Presupuestos y devolverlos al Gobierno.

A principios de marzo tendrá lugar el debate de enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos, donde previsiblemente se negociarán las correcciones propuestas por los partidos que apoyaron la moción de censura, y a mediados o finales de marzo se producirá la votación final del dictamen en el Pleno de la Cámara Baja.

Concluido el trámite en el Congreso, las nuevas cuentas llegarán en abril al Senado, donde la mayoría del PP impedirá que superen el debate de vetos y las rechazará, siendo devueltos al Congreso, que sí tiene capacidad para levantar el veto de la Cámara Alta.

El PP, Ciudadanos y Bildu aseguran que mantendrán el veto

Para superar los votos del PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias y EH Bildu, que el pasado mes de diciembre rechazaron los objetivos de déficit de Sánchez, el Gobierno necesita sumar a Unidos Podemos, con quien ya ha firmado un acuerdo presupuestario, pero también a Compromís, PNV, Nueva Canarias, Esquerra Republicana y PDeCAT.

De repetirse los votos en contra que hubo a la senda de estabilidad, en el debate de totalidad de los Presupuestos al Gobierno no le bastaría con abstenciones del resto de partidos, sino que necesitaría que tanto ERC y PDeCAT rechazaran las enmiendas votando junto al bloque que busca tramitar las cuentas.

Las partidas de políticas sociales aumentan en 12.600 millones

Las nuevas cuentas contemplan una recaudación récord de 227.356 millones, un 9,5% más. En detalle, contemplan un incremento de los ingresos tributarios del 11,9%, hasta 128.930 millones. El total del presupuesto sumará 472.660 millones (+5,1%). Las partidas presupuestarias destinadas a política social aumentan en 12.600 millones, con lo que el 57,3% del total de gasto público se destina a gasto social (209.510 millones).

Sube el gasto en pensiones (153.864 millones, 6,2% más); Sanidad (2.037 millones, 1,7% más); Educación (2.722 millones, 5,9% más); Cultura (953 millones, 9,7% más); desempleo (18.402 millones, 4% más), o fomento del empleo (5.985 millones, 4,7% más) e infraestructuras (7.572 millones, 40% más).