La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, avanzó hace unos días que las bases máximas de cotización subirán en 2019 "algo por debajo" del 10%, lo que provocó una reacción inmediata por parte del presidente la CEOE,  Antonio Garamendi, que aseguró que la subida del 7% de las bases máximas de cotización que ha anunciado el Gobierno llevará un gasto adicional de las cuotas empresariales en 1.500 millones de euros y además, que provocaría un recorte de las contrataciones. "Hay un anuncio, que en el fondo son impuestos, de una subida del 7% de las cotizaciones sociales" declaró Garamendi. "Son 1.500 millones de euros que van a tener que pagar las empresas (...). Esto queda muy bien, pero en España ya tenemos unos costes de la Seguridad Social un 30% superiores a los de Europa y si nos meten un rejón del 7% más tendremos un problema de competitividad", ha criticado el presidente de la CEOE.

Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO no maneja las mismas cifras que el presidente de la CEOE, Bravo indica que “ojalá fuera esa cifra, pero creemos que el impacto será inferior a los 1.000 millones de recaudación adicional”. Además, ha concluido, que lo que debe acordarse es una senda de incremento notable de la base máxima de cotización durante los próximos años, con una actuación coherente en relación con la pensión máxima, que también deberían subir. 

Desde UGT señalan que el tope de cotización a los sueldos más altos supone una manera de subvencionar a directivos que no son precisamente los salarios más frecuentes en España. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo el 1,33% de los trabajadores cobran el equivalente a seis salarios mínimos o más. De hecho, si se les aplicase la misma progresión que a los salarios inferiores, la Seguridad Social recaudaría, no 1.000 o 1.500 millones, sino hasta 6.000 millones más