La demanda acusa a las agencias de rating Standard & Poors, Moody’s y Fitch de alterar el precio de las cosas en beneficio propio y en perjuicio del erario público y de los ahorradores. La querella, coordinada por los abogados Gonzalo Boye y Jaume Asens, ha sido interpuesta como acción popular por las asociaciones Unión por las Libertades Civiles, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, Attac, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Izquierda Unida e ICV.

Las agencias de rating consideran que sólo emiten opiniones y que les ampara la libertad de expresión. Según el diario, para su defensa las agencias habrían contratado a dos de los principales despachos españoles, Cuatrecasas Gonçalves Pereira y Uría Menéndez, aunque los bufetes no lo han confirmado.