La Audiencia Nacional ha desestimado los recursos de apelación presentados por exdirectivos y antiguos consejeros de Pescanova acusados de maquillar las cuentas de la empresa para ocultar deudas, estafar a inversores y clientes, utilizar información confidencial para evitar pérdidas en bolsa.
La decisión de la Sala de lo Penal del Juzgado Central de Instrucción número 5, difundida este martes, confirma el auto publicado a principios de febrero y contra ella no cabe recurso.
Todos los implicados están investigados en el llamado caso Pescanova, que analiza desde 2013 el descalabro de la firma gallega por numerosas irregularidades contables, proceso en el que también se analiza el patrimonio del expresidente de la firma Manuel Fernández de Sousa y su entorno familiar. De hecho, su hijo Pablo Javier Fernández es uno de los implicados a los que el tribunal ha rechazado el recurso presentado, al que se adhirió también su progenitor.
Falseamiento y estafa
Los jueces recuerdan que Pablo Javier Fernández fue consejero de varias filiales del grupo y representante de la luxemburguesa Pescahold, y apuntan a su participación en un delito de falseamiento de las cuentas anuales, otro de falseamiento de la información económica y financiera, y uno más por estafa.
También han desestimado las alegaciones de José Antonio Pérez-Nievas, consejero de la sociedad Iberfomento en Pescanova, y al que se acusa de un delito de información relevante al vender un paquete de acciones poco antes de que éstas se desplomasen en bolsa, evitando así pérdidas por valor de 1,39 millones de euros.
Misma decisión han adoptado con el que fuera director financiero del grupo gallego hasta julio de 2012, Antonio Táboas Moure, y su sucesor, Carlos Turci Domingo, por considerar que debido a su cargo se encargaron "de conseguir irregularmente la financiación de los bancos y ocultarla en las cuentas".
El pasado 5 de febrero, el juez José de la Mata dictó auto de procedimiento abreviado para el "caso Pescanova", tras cerrar una fase de instrucción que se prolongó desde 2013, cuando la compañía entró en concurso de acreedores.
De la Mata dictaminó que tanto Fernández de Sousa como el resto de su cúpula directiva -en total son 19 personas y 12 sociedades- sean juzgados por los delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior.
