El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha publicado un primer análisis con el título “Estado del mercado de los agregadores de movilidad compartida en España”, asegurando que se podrían estar dando condiciones de uso fraudulento de fondos públicos para el desarrollo de dichas plataformas. El organismo considera que no cumplen con las exigencias de la normativa.

El informe explica el estado actual de las empresas españolas que actúan como agregadores de oferta de vehículos eléctricos de uso compartido como son las bicicletas, motosharing y patinetes y hace un análisis sobre las características de los mismos.

El informe compara los actuales agregadores con sus competidores en Reino Unido o Francia y valora su capacidad para competir con otras empresas más innovadoras como la londinense Citymapper o incluso la española Meep, plataforma lanzada en Madrid con más de 2 millones de euros que ya trabaja con más de 35 operadores, entre los que se encuentran la EMT de Málaga o Valencia, Malta Public Transport, Alsa o Radio Teléfono Taxi.

Según el análisis del Instituto, los operadores más importantes a nivel nacional son Cooltra, Yego y Acciona, con una cuota de mercado prácticamente monopolística en las principales ciudades como Zaragoza, Barcelona, Valencia o Madrid. El informe estudia estas compañías y destaca la falta de componente innovador, demostrando que han externalizado toda la tecnología que utilizan a empresas ajenas.

Algunas de estas empresas son Scutum, fabricante de Silence, las motos utilizadas por Acciona y SEAT; la catalana Rayvolt, fabricante de las bicicletas de Yego o Invers, el principal sistema tecnológico de eCooltra.

"Burbuja de empresas tecnológicas"

Las empresas tienen la consideración de startup y se unen "a la burbuja de empresas tecnológicas, habiendo obtenido financiación de fondos de inversión, como Yego, que recientemente cerró una ronda de financiación de 7,5 millones de euros liderada por Ponooc, fondo de origen holandés", explica el informe del Instituto Coordenadas.

Además, Cooltra se ha capitalizado con más de 50 millones de euros por parte del family office alemán HS3, dueños de más del 85% de la empresa y en 2019 encargó la venta de su compañía al banco GP Bullhound “sin éxito”, según explica Servimedia.

Por otro lado, Acciona Mobility ha sido capitalizada con más de 14 millones de euros desde su empresa matriz. "Todas ellas carecen de tecnología propia, lo cual posiciona a las empresas españolas por debajo de empresas como la alemana Tier o la francesa Pony", alerta el informe.

Según el análisis, algunas de las empresas podrían incluso haber estado "engañando a la administración pública al obtener financiación de entidades públicas como Enisa, a la vez que externalizan toda su innovación, como es el caso de Cooltra con la suiza Electric Feel, casualmente la misma empresa que utiliza otra empresa de motosharing de Barcelona llamada Gecco, que tiene las mismas motos que la anterior y carece de página web, o Invers, utilizada por ambas", explica.

Falta de presupuesto en tecnología

Además, critica la falta de presupuesto en tecnología y el foco de estas empresas por capturar el mercado de la forma más rápida posible, con la inversión de muchos millones de euros en marketing “sin haber demostrado ser rentables”.

“En este sentido, el Ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto, se vería involucrado por el presunto uso fraudulento de fondos, ya que se podría estar malversando el dinero del contribuyente", asegura el Instituto Coordenadas.

Los analistas recogen también la última protesta de los "nuevos operadores de motosharing de Barcelona por el incumplimiento flagrante de operadores ya instalados como Acciona y Cooltra al superar con creces el número de licencias adjudicadas, comportamiento que no ha sido penalizado todavía por el consistorio de Ada Colau, pese a que las empresas lo han admitido en declaraciones públicas".

Jesús Sánchez Lambas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas asegura que “es necesario invertir en la creación de empresas y convenios universitarios para fomentar la innovación y la creación de plataformas de integración de diversos modos de movilidad que aporten valor al usuario, desarrollando tecnologías que integren realmente todo el proceso, aportando valor a la cadena productiva y al usuario, algo imprescindible si realmente se quiere trabajar en una nueva movilidad”.