El pasado miércoles, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba la retirada de dos impuestos: uno sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados el otro, el tributo que pesa sobre el depósito de residuos. La retirada de estos impuestos, que celebró con éxito Ayuso y para la que necesitará el apoyo de Vox, tan solo supondrán a los madrileños un ahorro de 70 céntimos por habitante. 

Sin embargo, a esta medida adoptada por Ayuso se opone el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, que considera "errónea" la decisión de la Comunidad de Madrid de eliminar el impuesto a las máquinas tragaperras en establecimientos de hostelería autorizados, denunciando los vínculos de dirigentes del Partido Popular (PP) con el sector del juego. 

De hecho, el ministro ha recordado que durante la crisis sanitaria, que aún padece nuestro país, el PP ha rebajado impuestos a actividades de juego en "muchas comunidades durante la pandemia" y se ha referido concretamente a Andalucía y Madrid. Por otro lado, ha puesto en evidencia la financiación, por parte del multinacionales del juego "muy poderosas", de comunidades autónomas a través del juego vía impuestos y sus "nexos, de manera particular muy evidentes". De hecho, Garzón ha señalado directamente a los vínculos con dirigentes del PP como el exministro de Justicia, Rafael Catalá, que actualmente  es "un alto directivo de una multinacional de juegos de azar" o a Enrique López, Consejero de la Comunidad de Madrid, al que ha aludido como "sustituto -de Catalá- en el ámbito de la justicia en el organigrama de PP, que tiene competencias de juego en la Comunidad de Madrid".

Respecto a los impuestos vigentes en otras comunidades autónomas nos encontramos con el caso de Cataluña, que es la región que más impuestos recauda, entre los que se encuentran los: el gravamen de protección civil; el canon del agua; el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales; el canon sobre la deposición controlada de residuos municipales; el canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción; el canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción; el canon sobre la deposición controlada de residuos industriales; el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos; el impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial; el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria; el impuesto sobre las viviendas vacías; el impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas;  el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica; el impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas y el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.

A Cataluña le sigue Andalucía con los impuestos sobre sobre tierras infrautilizadas; el impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera; el impuesto sobre vertidos a las aguas litorales; el impuesto sobre depósito de residuos radiactivos; el impuesto sobre depósito de residuos peligrosos; el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma; impuesto sobre los depósitos de clientes en las Entidades de Crédito y el impuesto sobre las bolsas de plásticos de un solo uso.

Por el contrario, las comunidades que menos impuestos recaudan son Castilla-La Mancha con los impuestos sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y el canon eólico. Por su parte Castilla y León mantiene los impuestos sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por las centrales nucleares y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos.