Primero fueron los gastos de inscripción y registro de las hipotecas y más adelante las clausulas-suelo. Parece que ahora será la aplicación del denominado Índice de Referencia de los Precios Hipotecarios (IRPH) la cuestión en que el Tribunal Supremo español vea una vez más revocada una de sus sentencias por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Los jueces de los muy atascados tribunales españoles no quieren más trabajo extraordinario como el que provocaron los casos de rectificación anteriores y han optado por suspender los juicios sobre el IRPH a la espera de que la cuestión se clarifique al más alto nivel. Sólo este año, tres juzgados han planteado una cuestión prejudicial –Barcelona, Reus y Almería-. Otros diez han suspendido juicios sobre IRPH, incluyendo Madrid, Sevilla, Barcelona, Palma del Condado, San Fernando, Gavá y La Bisbal.

En el fondo de la cuestión está no ya la legitimidad misma del IRPH -un índice alternativo al Euribor fabricado por los propios bancos para establecer los precios de referencia que se aplican a las hipotecas a tipo variable y que no pocos expertos independientes consideran fácilmente manipulable o directamente manipulado-, sino el hecho de que el consumidor deba ser informado sobre su uso, lo que se conoce como 'control de transparencia' en el lenguaje jurídico.

Algunos estudios estiman en un millón el número de hipotecas que podrían estar afectadas por la clausulas IRPH

En un principio, el Tribunal Supremo español se pronunció sobre la cuestión al final de diciembre de 2017 eximiendo a los bancos de este control de transparencia. Pero, meses después, y a instancias de un juez catalán, la Comisión Europea consideró que el IRPH es difícil de comprender –por la manera en que se calcula y por su funcionamiento en sí- para el particular medio, por lo que no sólo recomendaba un control de transparencia, sino que también instaba al TJUE a pronunciarse sobre el asunto. En el caso anterior de las clausulas-suelo, este tribunal acabó dictando su nulidad por la inadecuada información recibida por los consumidores, lo que desembocó en gravosas compensaciones para algunos bancos españoles.

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La sentencia europea, que llegará después de un procedimiento prolongado que comenzará con un informe previo del Abogado General de la UE y será de aplicación directa en el ordenamiento jurídico español, podría estar lista para antes del verano que viene, según calculan las fuentes consultadas por El Plural.

El IRPH, que fue presentado por sus promotores como un índice de referencia de los tipos de interés de las hipotecas más estable que el Euribor -aunque ha estado sistemáticamente por encima de este en el porcentaje aplicado incluso hasta en dos puntos-, alcanzó su mayor vigencia en España en el ejercicio 2009, el primero después del estallido de la crisis económica, según puede verificarse en los informes sobre este particular hechos públicos en la época por el Banco de España.

El Colectivo Ronda, una cooperativa de abogados y abogadas, tiene presentadas demandas colectivas contra el BBVA, Bankia, UCI, CaixaBank y Banc Sabadell por hipotecas referenciadas al índice IRPH. La asociación de consumidores Asufin tiene presentadas cinco demandas colectivas relacionadas con el IRPH y ya cuenta con una sentencia favorable frente a Bankia, aunque la entidad bancaria la ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Para Patricia Suárez, presidenta de Asufin, las suspensiones de juicios y el informe de la Comisión Europea son “un espaldarazo a los afectados por IRPH, que pueden y deben seguir luchando por la nulidad de esta cláusula en sus hipotecas. Han sido muchos los juzgados que se han rebelado contra el Supremo y, en estos momentos, lo justo sería que todas las demandas pendientes se paralizaran en espera de que el TJUE se pronuncie. En Asufin siempre hemos estado convencidos de que Europa, una vez más, rescataría a los consumidores españoles de este abuso. El IRPH es una cláusula que está costando, además de dinero, problemas emocionales y físicos a muchas familias”.

Algunos estudios estiman en un millón el número de hipotecas que podrían estar afectadas por la clausulas IRPH.