Ribera Salud y la derecha: un largo historial de colaboración que trasciende a Madrid

Este miércoles, el diario El País publicaba una nueva información que hacía temblar los cimientos del sector sanitario en la Comunidad de Madrid: el hospital de Torrejón de Ardoz había decidido aumentar las listas de espera para agrandar su fortuna a costa de los servicios públicos, una maniobra orquestada por el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart. La autonomía dirigida por Isabel Díaz Ayuso no termina de librarse de polémicas, máxime teniendo en cuenta que los tentáculos de Ribera Salud están profundamente insertos en su administración y también en otras autonomías gobernadas por la derecha, en una relación que trasciende las fronteras capitalinas. Tras trascender este escándalo, Gallart ha tenido que dimitir de sus responsabilidades al frente del grupo tras haber estado vinculado al mismo desde 2002. 

Este grupo empresarial nació en el año 2000 con el objetivo de hacerse cargo del Hospital de La Ribera, en la localidad valenciana de Alzira. Inaugurado en el mismo año, fue el primer centro sanitario en España en adoptar el modelo de gestión privada y titularidad pública que el PP ha replicado hasta la saciedad en las regiones en las que ha gobernado. Hoy en día, Ribera Salud tiene 69 sociedades repartidas por lo largo y ancho del país (Madrid, Galicia, Asturias, Aragón, la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura), y fuera de nuestras fronteras. Así las cosas, gestiona otros tres centros en Portugal (Galo Saúde Parcerías Cascais, Ribera Care Portugal, Laboratòrio Dra. Joana Vicente), además de haber creado una fundación, poseer una empresa tecnológica y su propia división de laboratorios; que reciben los nombres de Futurs y Ribera Lab, respectivamente. Ha llegado incluso a asesorar al Gobierno de Kuwait para levantar el segundo hospital público-privado del emirato.

Aterrizando en las administraciones madrileñas, en marzo de 2023 la región capitalina recibe una petición de compensación por parte del gestor privado del hospital público de Torrejón por valor de 53 millones y medio de euros, alegando los gastos que está teniendo y que no figuran en el acuerdo original que se cierra con la administración. Dos años más tarde, según el expediente al que también ha accedido el medio que destapó la información, la Comunidad pone cerca de 33 millones de euros con el argumento de que ofrece servicios, tecnologías y fármacos que no recogía el primer contrato.

En términos de plantilla, en España el número de profesionales con los que cuenta asciende a 6.233 trabajadores, lo que supone casi una tercera parte de los 20.457 empleados de Vivalto Santé, lo que sitúa a nuestro país como su segundo mercado después de Francia. De hecho, en el Estado español Ribera Salud disfruta también de una filial bajo la denominación de Vivalto Santé Spain. En su caso, gestiona más de 1.200 plazas en siete centros de mayores en la Comunidad Valenciana. A ello se suman las citadas sociedades en Portugal y otras en República Checa, Eslovaquia o Suiza. Los beneficios del conglomerado alcanzaron los 2.747 millones de euros de facturación en 2024, y 60 millones de beneficios gracias al más de centenar de hospitales y clínicas con las que cuenta.

Crecimiento en Galicia cuando Feijóo presidía la Xunta

Ahora, Feijóo exige que se elabore un informe exhaustivo sobre esta empresa, pero cuando era presidente de la Xunta de Galicia, experimentaron un suculento crecimiento en dicha región. La compañía sanitaria se hizo entre 2019 y 2021 con los tres hospitales de los que dispone a día de hoy en el territorio gallego: el Juan Cardona, en Ferrol; el Polusa, en Lugo; y el Povisa, en Vigo. Tres centros de gran tamaño y con alta capacidad de atención a pacientes que se suman a las diez clínicas con las que cuenta en esta región. Ribera Salud compró el Polusa y el Cardona en 2020 y 2021, respectivamente, mientras que el Povisa, que es el hospital de referencia para más de 100.000 pacientes en el área sanitaria de Vigo, lo adquirió en 2019. 

Este último cuenta con una importante relación con el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ya que, mediante conciertos, recibe una importante financiación de esta institución pública. Una financiación que hasta el 2025 era de 75 millones de euros anuales que se destinaban a la atención médica de las 140.000 adscritas al hospital Povisa, pero que este año se modificó para incrementar la partida económica que recibe Ribera Salud en este concierto, alcanzando casi los 100 millones de euros anuales a pesar de atender ahora a menos pacientes, concretamente a 116.000.

Antes de que Ribera Salud adquiriese el Povisa en el 2019, este hospital había pertenecido al grupo Nosa Terra XXI, encargado de la gestión de este centro sanitario, que contaba ya con concierto privado desde el Gobierno de Manuel Fraga, entre 1996 y 2019. El año previo a la venta, el 2018, la relación entre la Xunta y Nosa Terra XXI se tensó, al generarse discrepancias en las partidas económicas que recibía este hospital privado. De hecho, el centro sanitario llegó a solicitar el preconcurso de acreedores alegando pérdidas millonarias a las que se habrían dado lugar desde el año 2014. 

La venta a Ribera Salud se llevó a cabo en el 2019, año en el que el Sergas modificó el concierto y llevó a cabo una mayor inversión en el Povisa que implicaba asumir el suministro de medicación de dispensación ambulatoria y de alto impacto. En total, Galicia cuenta con siete áreas sanitarias, con derivación en todas ellas del Sergas a los centros privados. Un modelo de atención que, como se hacía mención, ya implantó Fraga en 1993. Este modelo de Sanidad público-privado ha venido siendo objeto de críticas durante años en la región, gran foco de ellas ha sido el propio hospital Povisa del que han denunciado que cuente con menos personal que un centro público y que, además, según la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, tuvo un papel en la reducción de la cantidad de camas que se habían planteado para el hospital Álvaro Cunqueiro, este sí, de carácter público.

Más tentáculos en la Comunitat Valenciana

Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad valenciana determinan que el audio de Gallart se trata de un "caso aislado" y "un tema del Hospital de Torrejón que no afecta para nada a la Comunitat Valenciana". No obstante, en la región persiste una de las concesiones del modelo de gestión privada de hospitales públicos, ostentada precisamente por Ribera Salud en el departamento sanitario del Vinalopó. Pese a la trascendencia del escándalo, desde la Conselleria no prevén medidas adicionales de control o de inspección para garantizar que no ocurra algo similar a lo desvelado en Torrejón, y lo justifican asegurando que "ya se realizan periódicamente" auditorías de control de indicadores.

En cuanto a esta concesión, cabe recordar que, en mitad del periodo de concesión, la Generalitat Valenciana licitó nuevamente la misma concesión administrativa mejorando las condiciones para Ribera Salud, a pesar de que su gestión estuvo marcada por las pérdidas y por continuadas denuncias tanto sindicales como de la oposición e incluso críticas del Síndic de Comptes por las condiciones de la licitación.

Petición de una auditoría al Hospital de Torrejón

Pese al explicado crecimiento de la empresa durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha exigido una auditoría "con absoluto rigor" al Hospital de Torrejón, ante la que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha preferido pasar de lado.

"Me alegro de que haya sido cesado. Ese tipo de manifestaciones y conductas son contrarias a los principios básicos que debe regir a la sanidad de nuestro país", ha señalado el presidente del Partido Popular en un acto en Don Benito por las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre, reclamando, en el mismo sentido, "una auditoría de ese hospital con absoluto rigor", en la que se analice "el rendimiento de cirugía, de pruebas, la lista de espera, y cómo se ha gestionado este hospital". Además, Feijóo ha sugerido que el CEO podría tener una responsabilidad penal en los hechos revelados: "Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solo hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser sancionado".

No obstante, pese a exigir la auditoría, Feijóo ha apuntado que los compañeros de la Comunidad de Madrid "lo están haciendo con absoluto rigor y lo tienen que seguir haciendo con absoluto rigor". Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha avanzado que solicitará un nuevo encuentro con "el máximo responsable de la compañía" a la mayor brevedad posible. De puntillas, el Gobierno de Ayuso ha señalado que se compromete a adoptar "todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".