La política de vivienda que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha desarrollado en la Comunidad de Madrid con el denominado Plan Vive comienza a replicarse en Málaga. El Ayuntamiento de la capital costasoleña, gobernada también por el Partido Popular, en colaboración con la promotora Lagoom Living, acaba de abrir el proceso para adjudicar 62 viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler en la zona de Teatinos, junto al campus universitario.

Las condiciones para acceder a estos pisos han provocado polémica política desde el primer momento. Las bases permiten optar a estas viviendas a personas con ingresos de hasta 53.720 euros anuales en el caso de solicitantes individuales y hasta 71.076 euros en unidades familiares de dos o más miembros, lo que equivale aproximadamente a 4.400 euros brutos mensuales para una persona sola o casi 6.000 euros al mes en el caso de una pareja.

Inspirado en el plan de Ayuso

La promoción incluye 62 viviendas en régimen de alquiler, con tres tipologías diferentes de pisos de uno, tres y cuatro dormitorios. Todas contarán con garaje, trastero y piscina comunitaria. Los precios del alquiler oscilarán entre 535 euros y 743 euros mensuales, cantidades que el Ayuntamiento asegura que se sitúan entre un 30% y un 40% por debajo del precio del mercado libre en la ciudad.
El plazo de solicitudes comenzará el 16 de marzo, tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Las viviendas se ubicarán en el denominado Distrito Universidad, una nueva área residencial próxima al campus de Teatinos, con acceso a la hiperronda y frente a las cocheras del metro.

El proyecto forma parte de una operación urbanística mucho mayor. La promotora Lagoom Living prevé construir hasta 530 viviendas protegidas en alquiler en esa misma zona de la ciudad. El modelo sigue una lógica similar a la del Plan Vive de Madrid, mediante el cual empresas privadas construyen las viviendas y posteriormente gestionan su alquiler durante largos periodos.

En el caso malagueño, la promotora arrendará las viviendas durante 75 años a través de Sogeviso, filial del Banco Sabadell y también responsable de la comercialización de los pisos del Plan Vive madrileño. El proyecto cuenta además con 25 millones de euros de financiación procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Requisitos: ingresos mínimos y máximos

Las bases establecen que el precio del alquiler no puede superar el 30% de los ingresos de los solicitantes. Por ello, para optar a una de estas viviendas será necesario acreditar ingresos mínimos de 25.280 euros anuales para las viviendas más pequeñas o 34.600 euros anuales para las viviendas de mayor tamaño. Al mismo tiempo, el límite máximo se sitúa en 5,5 veces el IPREM, lo que permite que accedan a estas viviendas personas con ingresos de hasta 53.720 euros anuales si viven solas o 71.076 euros si forman una unidad familiar.

Otra de las particularidades de esta promoción es el sistema de adjudicación. A diferencia de otras promociones públicas, las viviendas no se asignarán mediante sorteo, sino por orden cronológico de llegada de las solicitudes. Esto significa que quienes presenten antes la solicitud y cumplan los requisitos tendrán prioridad para elegir vivienda.

Un modelo “elitista”

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha denunciado que exigir ingresos mínimos de más de 25.000 euros al año deja fuera a muchos trabajadores precarios y jóvenes que apenas superan el salario mínimo. Los socialistas califican las bases como “elitistas y alejadas de la realidad económica de Málaga”, asegurando que el modelo actual de vivienda protegida ha sido “pervertido”. También cuestionan que el proceso de adjudicación esté gestionado por la promotora privada, lo que considera una privatización del acceso a la vivienda pública. Desde la oposición también se recuerda que el Ayuntamiento de Málaga entregó solo dos viviendas de protección oficial durante todo el año 2025.

Solo se han entregado 109 VPO en cuatro años

La realidad es controvertida y precaria,  pues entre 2021 y 2025 se han entregado 109 VPO en toda la ciudad, cifras que partidos como el PSOE o la confluencia de IU y Podemos (Con Málaga) consideran claramente insuficientes en una ciudad donde el precio del alquiler se ha disparado.

Desde el Ayuntamiento que preside desde hace un cuarto de siglo el popular Francisco de la Torre, se defiende que estas viviendas corresponden al régimen de precio limitado, el más alto dentro de las modalidades de vivienda protegida, y que las siguientes promociones previstas estarán destinadas a rentas más bajas. Pero el debate ya está abierto.

En una ciudad donde el salario medio ronda los 23.000 euros anuales, la pregunta que cabría hacerse es si este nuevo modelo de vivienda protegida, importado del controvertido Plan Vive de Díaz Ayuso, responde realmente a las necesidades de la población o si, como denuncia la oposición, se trata de otra forma de negocio inmobiliario  pensado para rentas medias y altas envuelto con papel de celofán con Denominación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y Origen Madrid.

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