Los juzgados españoles se preparan para afrontar la presentación de decenas de miles de demandas individuales de afectados por las preferentes en toda España. Tanto los afectados que han recurrido al arbitraje como los que han ido a los juzgados están obteniendo fallos a su favor que implican recuperar todo el dinero invertido, sin tener que asumir las quitas que van del 40 al 70% respaldadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Gobierno ha reducido el presupuesto de Justicia y ha congelado las plazas de jueces y fiscales, lo que complica la ya de por sí saturada situación de los juzgados españoles. Ante la avalancha que se espera, el Ministerio Fiscal está recabando información de toda España para evaluar las necesidades, al mismo tiempo que el Poder Judicial presentará este viernes un plan de refuerzo específico para Galicia.

Solo en Galicia podría haber 15.000 demandas
Para intentar recuperar el dinero atrapado en participaciones preferentes los afectados pueden recurrir al arbitraje (sin necesidad de llegar al juzgado), especialmente los que han perdido cantidades pequeñas que oscilan de los 10.000 a los 15.000 euros; pueden presentar una demanda civil, pero también pueden recurrir a la penal si los afectados consideran que los bancos no solo les deben devolver su dinero, sino que deben responder penalmente por lo que consideran que fue un delito. Solo en Galicia el Consejo General del Poder Judicial estima que pueden presentarse 15.000 demandas, excluidos ya los afectados que se acogerán al arbitraje. Ante estos datos el poder judicial ha diseñado ya un plan de refuerzo que garantice el derecho a la tutela judicial de los afectados. Dicho plan consiste en crear unos servicios específicos de tramitación de estas demandas, que en un primer momento se implantarán a A Coruña y Vigo. Además está previsto poner en marcha aplicaciones informáticas específicas y reforzar algunos juzgados con personal.

En otras Comunidades
El plan de refuerzo comienza en Galicia porque es allí donde los afectados por las preferentes se muestran más activos. Sus protestas son diarias, han impedido la celebración de plenos municipales, han entrado en el Parlamento gallego y se concentran a diario ante sucursales bancarias. Pero tanto el poder judicial como el Ministerio Fiscal trabaja ya con la posibilidad de implantar el sistema que se estrenará en Galicia en otras Comunidades, como en Madrid y valencia, donde también hay miles de afectados. El Fiscal General del Estado, Torres-Dulce, ha solicitado ya información a todas las fiscalías superiores sobre las diligencias en marcha para e tener una estimación correcta de los procedimientos judiciales ya abiertos y los que puedan venir.

De media en un juzgado civil se registran 700 asuntos al año, cada juzgado puede asumir con retrasos 900 demandas, pero a partir de ahí se colapsaría el juzgado porque la tramitación de las demandas bloquearía el juzgado y el juez no tendría tiempo material para estudiar, juzgar y sentenciar en un tiempo razonable.