La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, pondrá este año el foco en los ciudadanos residentes en España que, para evitar pagar sus impuestos correspondientes, declaran sus rentas a través del Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR), es decir, el IRPF de extranjeros. Cabe destacar que, para atenerse a este gravamen, que rebaja la cantidad contributiva, no deben sobrepasarse los requisitos establecidos en el IRPF, como podría ser permanecer más de 183 días residiendo en territorio español, o en el Impuesto de Sociedades, que contempla la domiciliación o la dirección efectiva desde territorio español como variables que obligarían a acogerse a este tipo impositivo.
No obstante, el supervisor no asumirá una actitud sancionadora en primera instancia, ya que se cuenta con un plan que fomente el cumplimiento voluntario. Así, la intención es seguir reduciendo el número de no declarantes del IRPF mediante campañas de avisos durante el periodo de declaración, o la realización de un control temprano a la entrada de nuevos contribuyentes en el censo tributario y, en particular, cuando se trate de entidades controladas de manera efectiva por contribuyentes con conductas tributarias reprochables en el pasado, sobre los que se pretende realizar un seguimiento para prevenir posibles incumplimientos tributarios futuros.
Otra de las materias principales que abordará el órgano durante 2023 será la de gestionar la puesta en marcha, a todos los niveles, de los impuestos extraordinarios a energéticas y entidades financieras, de igual manera que el de solidaridad establecido para grandes fortunas. La Agencia asumirá, por lo tanto, las competencias de exacción, gestión, comprobación y recaudación respecto a los dos gravámenes temporales, a pesar de tratarse de una prestación patrimonial de carácter público no tributario, y ejercerá las competencias que le son propias respecto del impuesto temporal de grandes fortunas.
Al margen de las novedades, las actividades permanentes en el ámbito de la recaudación, como la toma de medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, la adopción de derivaciones de responsabilidad para afianzar el cobro efectivo de las deudas, o la vigilancia de los deudores condenados por delito, mantendrán su naturaleza. Además, se potenciará, especialmente en el ámbito de los grandes deudores, la utilización de herramientas avanzadas de tratamiento y análisis de datos para detectar de forma ágil y eficiente patrones de fraude recaudatorio complejo sobre los que enfocar y dirigir las actuaciones.
Control a las criptomonedas
Entre las prioridades en materia de control tributario que recogen las Directrices de 2023, se encuentra el refuerzo de actuaciones en relación con titulares de actividades económicas que hacen uso de los pagos virtuales y, específicamente, con el empleo de métodos electrónicos de pago radicados en el extranjero a través de entidades que no participan de las obligaciones nacionales de suministro de información financiera. En esta línea, se tratará de obtener información, en el marco de la normativa de la Unión Europea (UE), sobre pagos digitales realizados a través de entidades o aplicaciones cuya sede social y servidores estén radicados en el extranjero.
Las directrices también hacen una especial referencia a la investigación del uso de las monedas virtuales, dado que, junto con las habituales menciones a la necesidad de comprobar su correcta tributación, este año se subraya la intención del Área de Recaudación de potenciar las actuaciones de localización de criptoactivos susceptibles de embargo. A su vez, el Servicio de Vigilancia Aduanera desarrollará un plan de investigación asociado al empleo de criptomonedas en el ámbito de la economía digital con la finalidad de detectar elementos patrimoniales cuyo origen pueda estar vinculado a actividades criminales.
Foco en la Construcción
Más allá de las variaciones y avances, la Agencia Tributaria continuará con su trabajo habitual de inspección, aunque este 2023 lo hará con un especial reforzamiento en sectores concretos en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida. Así, se impulsarán las tradicionales visitas en relación con múltiples sectores, aunque con un enfoque especial a las actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación y reformas de inmuebles. En el marco de la nueva normativa sobre prohibición del software de ocultación de ventas, también se desplegarán planes específicos enfocados a la identificación de las herramientas de software de gestión y contabilidad utilizadas por comercios y empresas, así como a verificar la consistencia de los programas informáticos con la normativa de aplicación.
Las fronteras nacionales no serán barrera para la actuación de la Agencia que, en colaboración con otros organismos internacionales, seguirá auditando la fiscalidad internacional. Por ello, se incrementarán las actuaciones inspectoras sobre la incorrecta fijación de los precios de las operaciones vinculadas en las multinacionales, con el impulso previsto de las inspecciones conjuntas con otras administraciones tributarias a nivel internacional. De igual manera, se mantendrá el foco en la identificación de estructuras y pautas de comportamiento que se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de determinados territorios, regímenes fiscales o estructuras, y que sean o puedan ser replicadas o estandarizadas para su uso por parte de una pluralidad de contribuyentes.
