El Gobierno ya ha enviado a Bruselas el borrador del Plan de Inversiones y Reformas para poder acceder a los fondos europeos de recuperación tras la crisis del coronavirus. Sin embargo, tal y como han reconocido fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a ElPlural.com, faltan dos fichas claves para el Ejecutivo.
El plan enviado a Bruselas no incluye dos de las medidas más importantes de la legislatura: la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones. Al contrario de lo que avanzan otros medios de comunicación, el Gobierno ha optado por retrasar el envío de estos planes para continuar con el debate en el diálogo social.
La propia vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que "está en proceso el envío de esas dos fichas que faltaban" y, desde el Ministerio de Seguridad Social, confirman que se ha retrasado para consensuarlo con los agentes sociales.
Calviño ha avanzado que el Gobierno enviará a la Comisión Europea las fichas relativas a la reforma laboral y de pensiones del borrador del plan de recuperación nacional para debatirlas con Bruselas mientras, en paralelo, continúa la negociación de ambas reformas con patronal y sindicatos.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está trabajando en todos los elementos de la reforma del sistema de pensiones y avanza que “en las próximas semanas” trabajará tanto con los distintos grupos políticos como con sindicatos y patronal en el marco del diálogo social.
Reforma de Escrivá: Aumentar los años de cotización hasta los 35
El objetivo de Escrivá es “lograr abordar con las máximas garantías este proceso de reforma en los próximos meses". Una reforma en la que el ministro ya ha planteado el aumento de los años de cotización, desde los 25 actuales hasta los 35 años, para realizar el cálculo de la pensión final.
El Gobierno trabaja desde hace varios meses en la reforma del sistema de pensiones, pero el anuncio de Escrivá de aumentar los años de cotización ha despertado las críticas de varios sectores de la sociedad. Incluso la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su desacuerdo con la medida propuesta por Escrivá.
“Es un recorte en las pensiones públicas”, denunciaba Díaz en una entrevista a Cadena SER el pasado 30 de diciembre. La responsable de Trabajo aseguraba también que “esas medidas que han aparecido ahora no están en el Pacto de Toledo” y que Unidas Podemos no va “a acompañar ningún recorte en materia de protección social, de ninguna de las maneras”.
“Legítimamente así lo hemos comunicado al presidente y así vamos a hacerlo” -continuaba la ministra de Trabajo y Economía Social- “Esto no es el salario mínimo, es cambiar la política en protección social y alterar los mecanismos”.
Además, Díaz avanzaba que la medida tampoco contaría con el apoyo de la derecha: “No sé qué van a hacer las fuerzas de la derecha, pero puedo intuir que no van a apoyar este recorte […] Creo que sería inadecuado que un Gobierno que dice que no va a dejar a nadie atrás propicie recortes sociales”
Calviño matiza: Podrían eliminarse los peores años de cotización
Más allá del debate, ya habitual, entre los miembros del Gobierno, asociaciones de pensionistas han denunciado que la medida supondría un recorte de las futuras pensiones. Esto se explica de la siguiente forma: cuantos más años cotizados se planteen para el cálculo de la pensión final menor será la prestación, ya que se incluirían los primeros años de la vida laboral, años en los que lo habitual es contar con un salario más bajo que en la vida laboral más avanzada.
Ante las críticas, la ministra de Asuntos Económicas y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, anunciaba hace alrededor de un mes que se iba a discutir que los propios trabajadores “puedan excluir de dicho periodo de cómputo los años de cotización más negativos” de su vida laboral. Es decir, podrían eliminarse los peores años de cotización al sistema, que habitualmente corresponden a los primeros.
También el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, reconocía que el Gobierno “no está barajando medidas que supongan un recorte de las pensiones”. Ante esto, matizaba que la actuación del Ejecutivo se basa en “buscar soluciones a la existencia de carreras de cotización irregulares”.
La negociación del sistema público de pensiones se realiza habitualmente en el seno del Pacto de Toledo, que aprobó el pasado mes de noviembre las nuevas recomendaciones. En el Pacto de Toledo participan los partidos políticos más representativos entre los que se encuentran PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox, Ciudadanos, Junts, PNV, Coalición Canaria, Esquerra Republicana, EH-Bildu.
Reforma laboral
Por otro lado, la segunda ficha clave a la espera de enviarse a Bruselas es la reforma laboral, incluida en el pacto de coalición entre el Gobierno de Unidas Podemos y PSOE. También en este caso se han producido desacuerdos en el seno del Gobierno, con las posturas enfrentadas de Nadia Calviño y Yolanda Díaz una vez más.
"Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos arrebatados por la reforma laboral de 2012. Derogaremos la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales”, prometía el acuerdo de coalición. Sin embargo, el Ministerio de Economía habría situado por encima los convenios de empresa sobre los sectoriales en noviembre, lo que también provocó malestar entre los ministros de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza.
Hace solo unos días, la propia Calviño quiso mandar un mensaje de tranquilidad con respecto a la reforma laboral y aseguró en el Spain Investors Day que se consensuará con los agentes sociales. En este mismo acto avanzó que se incluiría esta reforma, junto a la de las pensiones, en el Plan de Inversiones y Reformas “tan pronto como sea posible”.
