Las reclamaciones históricas del sector del Transporte, como no trabajar a pérdidas o la prohibición de que sean los conductores los encargados de realizar las cargas y descargas, fueron aprobadas por el Gobierno en agosto de este año. Sin embargo, como ocurre siempre que se implementan nuevas normas favorables a los trabajadores, múltiples empresas han incumplido lo contemplado en la nueva ley, como han denunciado los transportistas. Por ello, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado un nuevo Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera para el año 2023.

Entre otras cosas, la Inspección pondrá el foco en que se garantice las dos reclamaciones anteriormente mencionadas, a parte de todo lo incluido en lo que a materia laboral se refiere, como por ejemplo la subcontratación inapropiada o el registro por escrito del precio del transporte y sus costes añadidos. En este contexto, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.

"El plan confirma el compromiso del Ministerio con un sector esencial, adoptando medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes en el mismo, mejorando la posición y competitividad de este sector y garantizando las condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores", asegura el Ministerio. Así, Raquel Sánchez, titular de esta cartera, busca seguir mejorando la situación de los Transportistas y evitar más protestas que acusen al Ejecutivo de las infracciones cometidas.

En lo que refiere a la actividad, se han desarrollado nuevas herramientas informáticas para facilitar la actividad inspectora, con el desarrollo, entre otros, de nuevos procedimientos telemáticos. Esto se suma al servicio de buzón de denuncias anónimas para informar de posibles infracciones o incumplimientos y ayudar así a que la inspección sea más ágil y efectiva.

Por su parte, la actividad inspectora mantendrá como objetivos la lucha contra la competencia desleal que provocan las empresas deslocalizadas, denominadas empresas buzón, en colaboración de la Inspección de Trabajo, así como la detección de las cooperativas de trabajo asociado fraudulentas y otras actividades ya contempladas en los anteriores planes de inspección. En este sentido, se ha reforzado la inspección con medios propios de las Administraciones Públicas, para la lucha contra la competencia desleal.

La inspección, atendiendo a la normativa europea, seguirá controlando la conducción y descanso de al menos el 3% de las jornadas de los conductores profesionales, cifra que asciende este año a 1.602.696 jornadas. En cuanto a la inspección del transporte de viajeros por carretera, se mantiene una línea continuista, siendo el objetivo de la inspección controlar el cumplimiento de las condiciones de las concesiones en los servicios regulares de viajeros, el transporte de escolares y de menores y el transporte realizado en vehículos de alquiler con conductor.

Sindicatos critican este plan

"Este pacto supone otra muestra más de que quien manda en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no es el Gobierno, sino los grandes empresarios del sector a través de la Comité Nacional de Transporte por carretera (CNTC) y de la connivencia existente entre ambos para no resolver los problemas estructurales del sector", ha afirmado en un comunicado Comisiones Obreras (CCOO).

El sindicato critica que este plan se suma al resto de medidas aprobadas en el último años enfocadas solo a la parte empresariales: limitaciones a la carga y la descarga que no han eliminado al completo la participación de los conductores en estas tareas, la prohibición de trabajar por debajo de costes, la ampliación a las exenciones de llevar tacógrafo o las "subvenciones y ayudas al combustible bajo el chantaje del paro patronal".