El Consejo de Ministros ordinario ha aprobado una serie de medidas destinadas a reducir la factura energética, tanto para los consumidores individuales como para las empresas industriales, de cara a 2021. Así, el Ejecutivo ha aprobado la creación de un Fondo Nacional para la Transición Energética y el estatuto del consumidor electrointensivo.

En primer lugar, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado la creación del Fondo Nacional para la Transición Energética, con el desarrollo de un marco estratégico y normativo que genere “certidumbre y confianza a los inversores” y que proteja a los ciudadanos y al tejido productivo.

Se trata de un anteproyecto de ley que tiene como objetivo último reducir la factura de electricidad para los consumidores individuales, “mientras garantizamos la solvencia del sistema eléctrico”, ha anunciado la ministra.

“El sistema actual de 2012 ya no es de utilidad ya que se diseñó pensando en precios altos de mercado y demanda creciente de electricidad. Afortunadamente hoy la situación es totalmente distinta”, reconoce Montero, que alega una mayor oferta de energía, la penetración de las energías renovables y la crisis del coronavirus.

“Si no hacemos nada esta menor recaudación se va a traducir en un aumento de los costes fijos de los clientes de electricidad” -justifica- “En caso de inactividad del Gobierno, este se vería obligado por ley a subir la parte regulada de la factura eléctrica entre un 10% y un 15%”. Una subida que sería “social y económicamente inviable”, en palabras de Montero.

Ahorro del 13% en los próximos cinco años

Así, los consumidores verán reducida su factura en 2021 y el ahorro podría alcanzar hasta un 13% en cinco años, según las previsiones del Gobierno. Se trata de un “impacto socialmente progresivo, con el que se busca beneficiar especialmente a hogares vulnerables y de pobreza energética”, ha explicado Montero.

La ministra ha matizado que el Fondo no se financiará con cargo al recibo de la luz, sino que “se financiará con aportaciones de todas aquellas empresas que venden energía”, en función del nivel de sus ventas. Además, el mecanismo contempla exenciones y bonificaciones para las empresas que lo necesiten.

“En ningún caso supone aumentar la presión fiscal o recaudatoria, sino que redistribuye lo que hasta ahora pagaban los consumidores en su factura entre las empresas que venden energía”, ha avanzado la ministra, que reconoce que el sistema ya está activo en otros países europeos como Francia y Alemania.

“Es un refuerzo importante de la cadena de valor”, asegura la ministra portavoz, que ha destacado el impacto positivo en la industria de bienes de equipo o de recarga de vehículos eléctricos, por ejemplo. Precisamente para la industria el Consejo de Ministros también ha aprobado, el estatuto del consumidor electrointensivo.

Estatuto del consumidor electrointensivo

El estatuto del consumidor electrointensivo beneficiará a aquellas empresas “para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico”, según Montero. Así, se ha aprobado un marco normativo con nuevos instrumentos para ofrecer “mayor seguridad, estabilidad y certidumbre para los precios de la energía”.

La medida tendrá un impacto positivo en 602 empresas, más de 60 actividades industriales y 300.000 trabajadores, según las previsiones de Industria. Según la ministra, este nuevo estatuto “puede mitigar los efectos adversos de los altos de costes de la energía y reducir su factura”.

Entre los requisitos que deben cumplir estas empresas Montero ha avanzado que tendrán que ver con materia energética, inversión y desarrollo y sustitución de fuentes contaminantes. Además, tendrán que comprometerse a mantener la actividad productiva en al menos tres años a partir de la fecha de concesión, un procedimiento que tendrá que solicitar la empresa y que será el Ministerio de Industria quien compruebe los requisitos.

Más allá de las medidas energéticas, Montero también ha anunciado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 1 de enero para poder contar con estos “fondos indispensables” en 2021.