El Consejo de Ministros aprobaba ayer dos medidas clave para reducir la factura energética de ciudadanos y empresas, propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Una de ellas pasa por la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que permitirá un ahorro de hasta el 13% en la factura energética de los consumidores individuales en los próximos cinco años.
“El sistema actual de 2012 ya no es de utilidad ya que se diseñó pensando en precios altos de mercado y demanda creciente de electricidad. Afortunadamente hoy la situación es totalmente distinta”, aseguraba la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior.
Al mismo tiempo, la ministra justificaba que “en caso de inactividad del Gobierno, este se vería obligado por ley a subir la parte regulada de la factura eléctrica entre un 10% y un 15%”. Sin embargo, no será el Estado quien financie este Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, sino que se hará “con aportaciones de todas aquellas empresas que venden energía”, avanzaba Montero.
Estas aportaciones variarán en función del nivel de sus ventas y, en caso de dificultades para cumplir con ello, el mecanismo contemplará exenciones y bonificaciones. Así, la ministra se mostraba muy clara: “En ningún caso supone aumentar la presión fiscal o recaudatoria, sino que redistribuye lo que hasta ahora pagaban los consumidores en su factura entre las empresas que venden energía”.
7.000 millones de euros al año
Lo que ha hecho el Gobierno es sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables. Es decir, el fondo asumirá estos costes, asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore). Unos costes de alrededor de 7.000 millones de euros anuales.
Ahora, esta cantidad tendrá que pagarse por los comercializadores energéticos de todos los sectores, desde las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad hasta los operadores de productos petrolíferos al por mayor.
Según los cálculos del Ministerio de Transición Ecológica, por el momento habría entre 500 y 1.000 empresas afectadas. El debate se sitúa en cómo afrontarán las empresas el pago al este Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y si esta medida afectará al bolsillo de los consumidores.
Estas empresas tendrán que realizar pagos trimestrales proporcionales a sus cifras de ventas. Así, el reparto se calculará entre los distintos sujetos obligados cada año, a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por las propias compañías. Cinco Días avanza una división en la que el sector petrolero tendría que cumplir con el máximo.
El sector del petróleo tendrá que aportar el 43% del total
Según los volúmenes de venta actuales, el sector petrolero tendría que aportar el 43% del total, alrededor de 3.000 millones de euros; las empresas eléctricas un 31%, alrededor de 2.000 millones y el sistema gasista con un 25%, en unos 1.700 millones de euros.
Las reacciones no han tardado en aparecer y el presidente de Endesa, José Bogas, ya se ha pronunciado. En este caso, la eléctrica celebra la noticia y considera un avance positivo: "Creemos que se tratará de un instrumento fundamental para conseguir la descarbonización de nuestro sistema energético".
La opinión contraria parece estar en el sector petrolero ya que, según los cálculos, son las compañías que mayor esfuerzo tendrán que hacer para pagar estos 7.000 millones de euros al año. Sin embargo, por el momento compañías españolas como Repsol no se han pronunciado, ni tampoco lo han hecho eléctricas como Iberdrola.
Una de las consecuencias más probables tras la aportación del 43% del sector petrolero al fondo es la subida del precio de los combustibles, lo que afectaría directamente al bolsillo de los consumidores. Así, fuentes del sector prevén que el coste de los carburantes pueda encarecerse hasta en 7 céntimos por litro, según alerta El Mundo.
Entre las exenciones avanzadas por Montero se encuentra el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para la cogeneración y la generación eléctrica, el queroseno para aviación, el gasóleo para navegación y pesca y el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural. Asimismo, en el ámbito de las bonificaciones, se encuentran el gasóleo de usos profesionales y la industria electrointensiva o la consumidora de gas natural.
