El Real Decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, centrado en prolongar las medidas del escudo social, incluye también la legislación definitiva emitida por el Gobierno para solucionar el conflicto entre el taxi y las VTC. Nada más lejos de la realidad. La nueva denominación del taxi como “servicio de interés público” y la puerta abierta que el Ejecutivo ha dejado a las Comunidades Autónomas (CCAA) para restringir las licencias de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) ha invertido las tornas, pasando los que estaban en pie de guerra a celebrar y viceversa.
Desde el Ejecutivo explican que las restricciones se aplicarán para las nuevas licencias, en ningún caso para las ya concedidas, y aseguran que la legislación defiende el interés general y “no pretende perjudicar a nadie”. De hecho, explican que las nuevas limitaciones podrán aplicarse también a nuevas licencias de taxi. La actual proporción es favorable al taxi, con una relación de 60.000 licencias frente a 18.000 de VTC, situación que no contenta a ninguno de los dos bandos.
Dese el sector del taxi hablan de “moderada satisfacción” y aunque apuntan que aún el Real Decreto-ley deber ser aprobado en las Cámaras y su aplicación debe ser supervisada, celebran la victoria de una “batalla muy importante”. En esta línea, las principales asociaciones han decidido desconvocar la manifestación que tenían prevista para este jueves en Madrid y se mantendrán a la espera del desarrollo de la nueva ley.
En la otra trinchera el sentir es totalmente el contrario. Desde las patronales de VTC entienden que la nueva regulación aprobada este martes "contraviene" la última sentencia europea sobre el sector. Las nuevas restricciones que se aplicarán a partir de ahora para obtener nuevas licencias son "discriminatorias y desproporcionadas" y que no están destinadas a proteger el interés general, sino "la viabilidad económica del sector del taxi". Las empresas retornarán nuevamente a Bruselas, donde ya les han dado una vez la razón, a buscar auxilio.
"Nuevamente nos encontramos con una regulación exprés en forma de Real Decreto Ley, negociada con el sector del taxi en lugar de con los representantes del sector al que se pretende regular, sin que se nos haya consultado en ningún momento sobre el borrador que se ha llevado al Consejo de Ministros. Todo ello en plena campaña electoral, con el objetivo indisimulado de ganarse el favor del taxi y evitar movilizaciones masivas", defienden desde las patronales más importantes, Feneval y Unauto-VTC.
Nueva legislación
Si la sentencia emitida a principios de mes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) daba un espaldarazo a las VTC, considerando que la concesión de una licencia a este tipo de vehículos por cada 30 de taxi es “contraria al derecho a la libertad de establecimiento”, ahora el Gobierno ha actuado a nivel estatal, donde tiene competencias, y ha dejado a las entidades regionales espacio para las restricciones. La única restricción estatal es medioambiental y establece que “la autorización será denegada si, en el momento del otorgamiento, determinados contaminantes superan los umbrales regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire”.
Otra exigencia nacional es la obligatoriedad de que el solicitante de la licencia cuente con un vehículo propio, evitando que las grandes empresas VTC sigan amasando más licencias que coches de los que disponen. No obstante, este nivel de restricción es muy genérico, motivo por el que serán las CCAA y las corporaciones locales quienes tendrán más libertad. Esto traerá más polémica, más atendiendo a la política seguida por líderes como Isabel Díaz Ayuso, claramente favorable a las VTC en la Comunidad de Madrid, que podrá intentar puentear la legislación estatal. “Las Comunidades Autónomas pueden establecer otros criterios de mejora de la calidad del aire”, reza el texto.
El texto añade “criterios objetivos” por los que podría ser rechazada una licencia: “reducción de emisiones CO2 y gestión del transporte, del tráfico y del espacio público”. Además, las entidades locales podrán establecer, de conformidad con la legislación autonómica, la solicitud de una autorización adicional a la autonómica para realizar transporte urbano en su ámbito territorial. Esta deberá estar justificada por “razones de interés público” y resultar “proporcionadas”, garantizando, en todo caso, la sostenibilidad, calidad y seguridad de los servicios de interés público involucrados.
Todo esto, unido a la declaración del taxi como servicio de “interés público”, ha cambiado las tornas. El Gobierno defiende que la norma “respeta en todo momento el marco comunitario y los criterios establecidos en las resoluciones judiciales recaídas en diferentes instancias” y asegura que se cumplen los principios de proporcionalidad y no discriminación.
