Hace apenas una semana se conocía un nuevo expediente sancionador de la Inspección de Trabajo destinada a Glovo. Por incumplimientos reiterados de la normativa laboral, utilizando al figura del falso autónomo, y por emplear a trabajadores extranjeros de forma irregular, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo impuso una multa de 57 millones de euros a la famosa empresa de reparto a domicilio, que suma ya 205 millones en sanciones. Ahora, Glovo responde anunciando que despedirá al 6,5% de su plantilla en España, a un total de 250 trabajadores.

Esta decisión "impactará en buena medida" en la composición de su sede en Barcelona, según ha confirmado Óscar Pierre, consejero delegado de la compañía. El directivo ha lamentado que el "rápido crecimiento" de la empresa ha provocado ineficiencias en sus operaciones, y ha anunciado que este 2023 la compañía realizará un análisis en profundidad del funcionamiento de todos los departamentos para corregirlos. "Cuando creces tan rápido, hay una necesidad de escalar el equipo tan rápido como puedas para gestionar la situación", ha explicado, si bien ha defendido que el gasto de la compañía siempre ha sido frugal.

No obstante, a pesar de los argumentos utilizados para justificar los despidos, Pierre ha asegurado que la empresa experimentará un “crecimiento fuerte de doble dígito” en este curso, pronosticando un futuro brillante para la industria. "Una desaceleración" de las tasas de crecimiento anuales, así como de la demanda, son los dos aspectos que ha señalado el consejero delegado como detonantes de los despidos y los ha atribuido a las tasas de interés e inflación y a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

Los directivos de Glovo podría ir a la cárcel

Después de una nueva infracción de la compañía, que suma ya unas cuantas, el Ministerio encabezado por Yolanda Díaz se plantea perseguir de forma severa a Glovo, lo que, con el nuevo Código Penal en la mano, podría llegar a suponer hasta seis años de cárcel por el abuso de la figura ilegal del falso autónomo. "Ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, se va quedar al margen de la ley", trasladaba la también vicepresidenta la semana pasada.

La propuesta de la Inspección ante esta nueva infracción, que data del año 2021, momento previo a la aprobación de la Ley Rider, es una multa de 32,9 millones de euros, a los que se sumarían 19 millones de euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social que la compañía adeuda a las arcas públicas. La multa de 5,2 millones de euros por la contratación irregular de más de 800 trabajadores completa los casi 57 millones. Hace tan solo unos meses, el pasado septiembre, la empresa de reparto ya recibió una estocada de Trabajo, que interpuso una sanción de 79 millones y la obligatoriedad de regularizar a 10.600 falsos autónomos.

Ley Rider

La ley, que la ministra aseguró que “se va a cumplir”, reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son en realidad trabajadores por cuenta ajena y no autónomos (falsos autónomos) como se presumía hasta ahora.

De hecho, la nueva norma, hace hincapié en lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores y es que los trabajadores deberán ser informados de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de Inteligencia Artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo.