Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la investigación de las grandes fortunas recaudaría la mitad de los fondos europeos no reembolsables. Esta conclusión se produce después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) haya destapado los archivos secretos de 14 despachos de abogados que desvelan sociedades opacas de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países.
Por ello, GESTHA pide reforzar la investigación tributaria en los delitos fiscales y fraudes más abultados para cerrar el agujero por el que escapan 38.000 millones de euros, es decir la mitad de los Fondos Next Generation de la Unión Europea no reembolsables debido al mayor diferencial de la economía sumergida en España respecto a la media europea.
Por su puesto, reducir los 41.911 millones de deudas tributarias pendientes en 2020, y evitar el desplome del 82% en las denuncias a la Fiscalía de delitos fiscales y del 72% en las cuotas delictivas descubiertas, es una ardua labor para la cual los técnicos de Hacienda no tienen recursos ni preparación suficiente. Por ello, reiteran la necesidad de crear un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda.
Inspecciones
GESTHA señala que las 2.116 inspecciones que realizó la Agencia Tributaria entre 2018 y 2020 a personas con muy grandes patrimonios suponen únicamente un 2,9% de los resultados de la lucha contra el fraude en ese trienio. Por ende, según los técnicos, antes de aumentar los impuestos, se debe hacer cumplir la ley fiscal a quienes no la cumplen.
En este contexto, GESTHA opina que los Pandora Papers revelan las carencias de la AEAT, organismo al que pide que permita a los técnicos iniciar inmediatamente la investigación de quienes se encuentran aludidos en estos papeles. Es decir, si estas personas no han incluido la titularidad de esas empresas offshore o las propiedades en el extranjero en el modelo 720 -importe superior a 250.000 euros de residentes en Cataluña, 275.862 euros en Madrid o a 267.000 en las comunidades autónomas con un tipo marginal máximo del 45% en 2017- podría estar incurso en un supuesto delito contra la Hacienda Pública.
