La presidencia española del Consejo de la Unión Europea llegará en poco más de un mes, de cara al segundo semestre del año, y las organizaciones empresariales españolas preparan también el liderazgo de Pedro Sánchez del principal órgano de decisión de la UE, junto con el Parlamento Europeo. Para ello, Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha convocado a sus homólogos europeos a una reunión que se desarrollará en la capital española para definir la estrategia conjunta que el colectivo empresarial europeo desarrollará durante los seis meses que la presidencia esté en manos españolas.
Este encuentra tendrá lugar tras conocerse el lunes pasado las previsiones europeas de cara a primavera, documento en el que también se aborda el peso de los márgenes empresariales en la economía y su afectación en la elevada inflación que atraviesa la eurozona desde hace más de un año. El estudio expone a las empresas españolas, a las que señala como las que más aumentaron sus beneficios con respecto a la inflación durante el año 2022. Concretamente, el tejido empresarial español habría elevado sus beneficios tres veces por encima de la inflación, colaborando así a disparar el precio de la vida.
Los líderes de las patronales europeas desembarcarán en España conociendo estos datos, que en sus países de origen han sido distintos. Así, a pesar de que “los beneficios empresariales se incrementaron continuamente y crecieron a una tasa récord del 9,3%” en toda la eurozona, “contribuyendo a la inflación doméstica más que los costes laborales”, no lo hizo de la misma manera en todos los países. De las grandes economías, Francia, Italia y Alemania vieron como sus empresas incrementaron sus beneficios, pero por debajo de los valores de inflación; mientras, en España se triplicó el valor.
La Comisión Europea señala la falta de competencia y la resistencia de la demanda como principales factores que han propiciado este incremento de los beneficios tan superior en unos países con respecto a otros. No obstante, Bruselas señala también que, al no haberse incrementado los salarios en un nivel cercano a la inflación, pero si haberse disparado los precios, las rentas de los hogares se van vaciando en las empresas, lo que producirá que los beneficios vuelvan a niveles de antes de la pandemia cuando se acaben los ahorros. Desde la patronal española han declinado la petición de ElPlural.com de cara a valorar estos datos.
Regularización trabajadores inmigrantes
Este lunes, el líder de los empresarios españoles y vicepresidente de Business Europe, patronal europea, ha mantenido un encuentro empresarial en el que ha aprovechado para defender las inversiones en Marruecos, “el primer país en inversión española y nuestra puerta al continente africano”, ha señalado. En esta jornada, Garamendi ha aprovechado también para valorar la propuesta de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, centrada en flexibilizar los requisitos de regularización de los trabajadores inmigrantes.
"Hay tres millones y medio parados y la realidad es que, sin embargo, nos falta gente para un montón de sectores y estoy hablando de la construcción o de la hostelería", ha señalado el empresario vasco. En este sentido, ha asegurado que desde el sector empresarial estamos abiertos a que se pueda hacer un trabajo serio precisamente para poder incorporar a gente para cubrir estos puestos".
La propuesta de Escrivá consiste en facilitar la regularización de los inmigrantes sin papeles que desarrollen su formación en España y se sumen al mercado laboral tras finalizar esta. El arraigo de formación, que fuera aprobado en el verano de 2022, plantea diversos requisitos que ahora se quieren aliviar. Esta figura permite actualmente que las personas que demuestren vivir en España durante mínimo dos años y asuman el compromiso de “realizar una formación para el empleo reglada u obtener una acreditación oficial de cualificaciones profesionales” podrán obtener un permiso de residencia, que no permite trabajar, durante un año. Una vez finalizada, pueden solicitar un permiso de residencia y trabajo de dos años si consiguen superar el curso y presentar un contrato laboral relacionado con el ámbito estudiado que cumpla los mínimos legales.
Escrivá quiere relajar las exigencias planteadas, suprimiendo la exigencia de realización de un mínimo de 200 horas de cursos desarrollados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), eliminando la exigencia del 100% de presencialidad para facilitar la conciliación y ampliar el espectro laboral en el que podrían desempeñarse los trabajadores (sector vinculado con la actividad de los estudios realizados). Sin embargo, esto no gusta a los sindicatos ni a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que temen que se busque el Lucro a través de cursos con calidad cuestionable o la definición de formaciones expresamente para obtener este tipo de arraigo son algunas de las cuestiones que preocupan al sindicato. En definitiva, el fraude.
