Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) prevén que los empleados públicos cobrarán en su nómina de octubre un 0,5% más en su salario, pactado previamente con el Ministerio de Hacienda en funciones de María Jesús Montero en la Mesa General de las administraciones públicas y que se comprende dentro del marco del Acuerdo marco para una Administración del Siglo XXI.
En este pacto se recogieron dos subidas salariales para 2023: una fija del 2,5% más otras dos subidas variables del 0,5% cada una. La primera se aplicará si el IPC armonizado de 2022 y el de este 2023 supera el 6%; mientras, la segunda variable operará si el PIB nominal de este año supera las previsiones del Gobierno central, fijadas en el 2,1%.
Por su parte, CCOO señala que aún queda por confirmar la publicación del IPCA a finales de este mes de septiembre, aunque “todo apunta” a que será superior al 6% -cuando los datos actuales se situaría en el 8,3%-, por lo que se incrementaría el salario de los funcionarios, el cual será retroactivo a partir de enero de 2024. El nuevo incremento para 2023, no obstante, se cobraría en los primeros meses del año que viene.
A la par, CCOO ha recordado también los incrementos previstos para el 2024, que será del 2%, más otro 0,5% en octubre del 2024 si no se ha recuperado poder adquisitivo en estos años.
“Son sin duda buenas noticias para el conjunto de los empleados y empleadas públicas de nuestro país, que contarán con una subida salarial asegurada gracias a la responsabilidad que UGT Servicios Públicos demostró avalando con su firma este Acuerdo. Al incremento pactado hasta la fecha falta aún sumar el 2% fijo para 2024 más otro 0,5% variable asociado al IPC armonizado de los tres años anteriores”, señalan en un comunicado este miércoles desde UGT.
Acuerdo histórico entre sindicatos y Gobierno
Esta subida salarial para los trabajadores públicos viene dada tras el acuerdo de los principales sindicatos -UGT y CCOO, a favor; CSIF, tercer sindicato de representación de la Administración Pública, votó en contra- con el Gobierno central que vio luz verde en octubre de 2022, cuando se fijó un aumento progresivo del 9,5% en tres años.
En 2024, el fijo será del 2% y se añadiría un 0,5% si el acumulado de este año y el de los dos próximos termina con un 8% de inflación. Así las cosas, la subida salarial de los empleados públicos beneficiará a más de 2,7 millones de personas. Para ser más exactos, 2.717.570, de los cuales 513.721 son del sector público estatal, 1.611.697 pertenecen a las comunidades autónomas y los 592.152 restantes son trabajadores de las Entidades Locales.
UGT defiende la subida del SMI hasta los 1.200 euros
En otro orden de ideas, y en aras de buscar una mejora salarial para todos los trabajadores, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este miércoles el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros, cuando actualmente está fijado en los 1.080 euros mensuales en catorce pagas.
“Con los datos últimos de la Agencia Tributaria, el SMI tendría que estar en los 1.200 euros para equivaler el 60% del salario medio de nuestro país”, ha trasladado, ya que el salario medio se sitúa en estos momentos en los 28.301 euros y, con esta elevación del SMI, quedaría en 16.980 euros anuales -lo que se traduce en 1.213 euros en catorce pagas o 1.415 en doce pagas-.
Otra de las medidas a aplicar que ha planteado sobre la mesa el principal dirigente de UGT ha sido la reducción de la jornada laboral de 40 a 35 horas semanales, tal y como venían planteando algunas formaciones políticas, primero Más País; ahora, bajo la marca de Sumar. En sintonía con CCOO, ambos sindicatos buscan la meta de las 32 horas semanales, pero paso por paso. “No hay ninguna duda de que mejoraría la productividad. Lo que proponemos es que en el Estatuto de los Trabajadores, donde pone que la jornada laboral máxima no puede superar las 40 horas, ahora ponga 35, y que se mantengan los salarios en las mismas condiciones, tal y como sucedió en 1984, cuando la jornada se redujo de 44 a 40 horas”, ha argumentado.
