Las tácticas de coacción, amedrentamiento y persecución que despliegan los fondos buitre para deshacerse de las familias que viven en inmuebles de su propiedad, como si fuesen muebles viejos, son innumerables. Las ansias de especulación de estos carroñeros no tienen límites y estar al corriente de pago o no es una variable que no tiene importancia cuando en el horizonte se abre la posibilidad de duplicar las ganancias a costa de gentrificar los barrios. El caso de Martina y Juan (nombres ficticios) es uno más entre tantos, pero su resistencia se ha impuesto al capital.
La pareja residente en un municipio de Toledo y a cargo de tres menores recibió de la noche a la mañana una solicitud de desahucio, bajo una demanda de juicio verbal de efectividad de bienes reales. La familia no había fallado a ninguna obligación económica con el propietario, pero tras un cambio de titularidad que no les fue notificado, se encontraron ante un fondo buitre que aseguraba que no tenían un “justo título” del que llevaba siendo su hogar desde hace años. “Ocupantes ilegales”, les consideraron, aunque contaban con contrato en vigor.
“Sentimos miedo y queríamos arreglar cuanto antes”, relata Martina a ElPlural los primeros momentos de tensión al conocer la situación. Las preguntas son muchas, más con tres niños a cargo: “¿Qué íbamos a hacer cinco personas en la calle, tres de ellas niños? ¿Dónde íbamos a ir y cómo íbamos a encontrar un piso, que están carísimos?”. La impunidad con la que estos fondos actúan, manoseando la ley a su gusto, se alimenta del miedo y la vulnerabilidad de sus víctimas, desprovistas de conocimientos jurídicos para saber al detalle cuáles son sus derechos y de recursos económicos para acometer cualquier resistencia legal.
Sin embargo, cuando alguno de los damnificados por estas prácticas no se doblega y busca ayuda, sea en un sindicato de vivienda o en un despacho de abogados especializado, el plan de estos especuladores se ve truncado. Esta decisión fue la que salvó a esta familia, que cuando el fondo intentó aprovecharse de la situación de vulnerabilidad, al ser extranjeros y no tener recursos económicos ni red de apoyo social, acudieron a Asoban Abogados en busca de ayuda.
“Se aprovechan del desconocimiento de las personas de la legalidad y juegan con el miedo”, relata Marta Fernández, abogada de ejecución hipotecaria que ha llevado el caso. “En algunas ocasiones acuden a la vivienda directamente para indicarles que tienen que irse porque no tienen derecho a estar ahí, lo que es una absoluta falacia”, aclara. Un proceder que, en ocasiones, les lleva hasta a incurrir en “prácticas ilegales”, como el corte de suministros, y “alegales”, como ofrecer una cuantía de dinero a los inquilinos para que abandonen el inmueble.
La gentrificación y la especulación no ha hecho más que agravar la vulnerabilidad de gran parte de familias, mientras que los carroñeros agrandan sus carteras. “El aumento de los precios y la escasez de vivienda asequible han llevado a una mayor presión sobre los inquilinos”, lamenta Fernández, que lo ve día a día en el despacho. “Se observa una estrategia sistemática de los fondos para expulsar a los arrendatarios con contratos antiguos y sustituirlos por alquileres más altos o destinarlos a vivienda turística”, explica. Lo sufrido por Martina y Juan responde a esta realidad.
Cronología del caso: del acoso del fondo a la victoria
Todo comenzó cuando la familia, al corriente de pagos con el anterior propietario y sin conocer que su vivienda había cambiado de manos, se enteró de que el fondo había presentado una demanda para echarles a la calle. La no respuesta hubiese supuesto un reconocimiento tácito, pero a la par los requisitos de respuesta, tasados por la ley, exigen una consignación de 500 euros que no todas las familias pueden asumir. “No nos lo esperábamos”, cuentan a este periódico.
La estrategia del fondo no se quedó ahí y, a parte de la demanda, “metían cartitas por debajo de la puerta, diciendo que habían estado en la finca y reclamando que nos pusiéramos en contacto con un número de teléfono”, explica Martina. Sin embargo, al seguir las indicaciones y realizar la llamada para saber qué ocurría, “no contestaban”. Es más, nunca llegó a haber comunicación entre partes más allá de las “notitas” con un teléfono que nadie atendía.
“Es una práctica bastante frecuente”, explica la abogada. “Muchos fondos intentan presionar a los inquilinos para que abandonen sin recurrir a la vía judicial o utilizan procedimientos sumarios para recuperar la posesión de los inmuebles”, desgrana. “En la mayoría de las ocasiones, esta clase de entidades, acosa a los inquilinos o incluso a los propietarios con deuda hipotecaria vía llamada y les indican que tienen que desalojar la vivienda de manera prácticamente inmediata”, añade.
La mala fe del fondo quedó constatada con la falta de notificación del cambio de titular y la negativa a una negociación. “Si querían saber quién estaba o pedir más información habrían cogido el teléfono, nos habrían devuelto las llamadas o habrían venido alguna vez cuando estábamos en casa”, lamenta la madre de familia, que asegura que hubo predisposición por su parte pese a la situación de desigualdad. “Supongo que sería por meter miedo o decir ‘aquí estamos nosotros”, deja caer.
No obstante, lo que decantó la balanza fue la respuesta de los inquilinos, algo que no esperaban desde el fondo. “Nosotros les contestamos a la demanda y no se lo esperaban. Les salió un poco mal”, comenta Martina, satisfecha. “Si no hubiéramos contestado les habríamos dado la razón (hablando en términos legales) de que éramos ocupas ilegales, pero es que estamos muy lejos de eso porque yo tengo un contrato, accedí con las llaves y entregué dos meses de fianza”, explica.
En esta ocasión, acudir a los juzgados ha salvado a la familia y Fernández asegura que en casos similares, en los que el contrato esté vigente y se cumpla la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), “el Juzgado suele fallar a favor del inquilino”. “Teníamos seguro que íbamos a ganar”, trasladan ahora satisfechos los inquilinos. No obstante, no pueden evitar la felicidad que sienten al saber que no se van a quedar en la calle. “Se siente muy bien”, cierran esta historia en la que una familia ha derrotado a un fondo buitre.
