El verano ha alterado los planes económicos del Gobierno. La estrategia diseñada para retirar progresivamente las medidas extraordinarias adoptadas para contener el impacto de la crisis energética se encuentra ahora condicionada por el repunte de los carburantes y la electricidad. El encarecimiento del gasóleo ha obligado al Ejecutivo a modificar, al menos de forma temporal, el calendario previsto para desmontar algunas de las ayudas.
La principal corrección afecta al diésel. Al haber registrado una subida superior al umbral establecido en el mecanismo de salvaguarda, la bonificación fiscal prevista para septiembre será mayor de la inicialmente contemplada: 20 céntimos por litro, en lugar de los cinco céntimos previstos.
El cambio llega después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmara que la inflación alcanzó en julio el 3,6% interanual, su nivel más elevado desde mayo de 2024. La energía vuelve a situarse en el centro de las presiones sobre los precios, precisamente cuando buena parte del denominado escudo anticrisis comienza a retirarse.
El diésel obliga a cambiar el calendario
El mecanismo diseñado por el Gobierno contempla una cláusula de salvaguarda vinculada a la evolución del precio del gasóleo. Al superar este carburante el incremento del 15% establecido como referencia, se activa automáticamente el mecanismo previsto en el Plan de Respuesta.
El resultado será que durante septiembre la rebaja fiscal aplicada al diésel se mantendrá en 20 céntimos por litro, frente a los cinco céntimos que inicialmente correspondían a esa fase del calendario de retirada.
La situación es distinta para la gasolina. Su incremento interanual se situó en el 7,3%, por debajo del límite que desencadena la salvaguarda. Por ello, la bonificación seguirá el itinerario previsto y quedará reducida a cinco céntimos por litro.
La diferencia entre ambos carburantes ilustra la dificultad a la que se enfrenta el Ejecutivo: las medidas diseñadas para desaparecer de manera gradual están condicionadas por una evolución energética que no responde al calendario político ni presupuestario.
La energía vuelve a empujar el IPC
El comportamiento de los carburantes no constituye un fenómeno aislado. La electricidad también contribuyó al repunte de los precios, con un aumento interanual del 8,4% en julio, mientras que el gas natural registró una subida del 4,1%.
El resultado fue una inflación general del 3,6%, después de cinco meses consecutivos por encima del 3%. La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, avanzó hasta el 3%.
El dato adquiere especial relevancia porque se produce mientras el Gobierno avanza en la retirada de algunas de las medidas extraordinarias que habían contribuido a contener el impacto de la crisis energética.
A comienzos de julio, además, el IVA de determinados productos y suministros que había sido reducido durante la crisis recuperó su tipo habitual del 21%. Organizaciones empresariales y sindicatos han advertido de que, sin el conjunto de medidas temporales todavía vigentes, la inflación habría sido superior.
Los alimentos ofrecen un respiro
La evolución de los precios no es homogénea. Frente al repunte de la energía, los alimentos están contribuyendo a contener el índice general.
Su tasa interanual se situó en torno al 1,7%, un comportamiento más moderado que el registrado por otros componentes del IPC. CaixaBank Research también destacó la evolución favorable de este apartado frente a la sorpresa al alza procedente de la energía y de algunos servicios y bienes industriales.
La fotografía que deja julio es, por tanto, desigual: la cesta alimentaria pierde presión, pero el coste energético vuelve a ejercer una influencia significativa sobre la inflación.
El otoño pone a prueba al escudo anticrisis
El problema para el Ejecutivo no consiste únicamente en decidir cuándo retirar las ayudas, sino en hacerlo en un contexto en el que algunas de las causas que justificaron su aprobación continúan presentes.
Las previsiones de distintos servicios de estudios apuntan a que la inflación podría mantenerse elevada durante los próximos meses. BBVA Research sitúa su estimación para agosto entre el 4,1% y el 4,3%, fundamentalmente por la evolución de los carburantes y otros componentes energéticos.
CaixaBank Research también considera que la inflación podría cerrar el año algunas décimas por encima de la previsión del 3,2% que manejaba anteriormente.
La prolongación de las tensiones energéticas añade así incertidumbre a una hoja de ruta basada inicialmente en una normalización progresiva de los precios y en la desaparición de las medidas excepcionales.
Sindicatos reclaman revisar el salario mínimo
El impacto de la inflación también ha reabierto el debate salarial. CCOO y UGT han solicitado al Gobierno que revise el salario mínimo interprofesional, actualmente situado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, ante el deterioro de las previsiones de precios.
Los sindicatos consideran que debe analizarse la aplicación de la cláusula contemplada en el Estatuto de los Trabajadores para revisar el SMI cuando la evolución de los precios se desvía de las previsiones.
La preocupación se extiende a los trabajadores sujetos a convenios colectivos. El incremento medio pactado para 2026 se sitúa en torno al 3%, mientras que la inflación acumula varios meses por encima de ese nivel.
El desfase significa que, en términos agregados, los salarios pactados están avanzando por debajo del IPC.
El Gobierno defiende la eficacia de las medidas
El Ejecutivo sostiene, no obstante, que el escudo anticrisis ha cumplido una función relevante durante los últimos meses. El Ministerio de Economía calcula que las medidas han reducido la inflación aproximadamente un punto porcentual de media y que han amortiguado más del 60% del impacto derivado del shock externo provocado por la guerra en Irán.
El Gobierno mantiene así la defensa de una estrategia basada en intervenir de forma temporal sobre aquellos componentes más expuestos a las perturbaciones energéticas.
Pero la evolución de los precios condicionará cuánto tiempo puede mantenerse ese esquema y hasta qué punto será necesario modificar el calendario de retirada.
Las empresas piden cautela ante la energía
Desde el ámbito empresarial también existe preocupación por la trayectoria de los precios. La CEOE mantiene su previsión de una inflación media del 3,1% para el conjunto del año, aunque advierte de que la prolongación del conflicto y la incertidumbre sobre el transporte marítimo elevan los riesgos al alza.
La organización empresarial cuenta con una progresiva normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, pero reconoce que la situación continúa siendo inestable y que las negociaciones no han desembocado todavía en un acuerdo claro.
La evolución de esa zona será, por tanto, uno de los factores que determine el comportamiento de los costes energéticos y, por extensión, de la inflación española.
La vivienda, una presión que el IPC no refleja completamente
A la presión energética se suma otro problema para los hogares: el coste de la vivienda.
CCOO ha señalado que el IPC no incorpora directamente determinados costes asociados a la compra de vivienda y considera que tampoco refleja de forma suficiente la evolución del alquiler. El precio de la vivienda aumentó un 12,9% interanual en el primer trimestre, según el dato citado por el sindicato.
En cuanto a los alquileres sujetos al índice de referencia aprobado tras la Ley de Vivienda, el indicador publicado por el INE establece para las revisiones correspondientes a julio un incremento máximo del 2,49%.
La combinación de energía, vivienda y salarios dibuja así el principal desafío económico para el Ejecutivo tras el verano: retirar progresivamente las medidas extraordinarias sin que su desaparición termine trasladándose con mayor intensidad al bolsillo de los hogares.
El caso del gasóleo demuestra que el calendario previsto no está escrito en piedra. Si las presiones energéticas persisten, el Gobierno tendrá que seguir aplicando las cláusulas previstas en su propio escudo mientras afronta la decisión política de qué ayudas pueden desaparecer y cuáles deberán prolongarse.
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