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Les Corts Valencianes celebran estos días el Debate de Política General, que verá este miércoles la votación de las propuestas de resolución presentadas por los grupos. Entre las que presenta la oposición al Consell del Partido Popular, que preside Juanfran Pérez Llorca, hay varias que obligarán a la derecha a retratarse y proteger el escaño de Carlos Mazón, expresident de la Generalitat, que mantiene su asiento y su protección como aforado casi dos años después de su negligente gestión de la DANA.
El PSPV-PSOE y Compromís han registrado sendas mociones para que la Cámara regional se pronuncie sobre esta cuestión. En el caso de los socialistas, las propuestas incluyen también que Les Corts pidan al Congreso de los Diputados que apoyen las medidas del decreto de vivienda aprobado el martes por el Gobierno central, entre las que están impedir los desahucios a personas vulnerables hasta 2030. Este texto, además, incluye instar a que los cargos del PP de Alicante que se adjudicaron irregularmente viviendas protegidas en el municipio “las devuelvan”.
El PP y Vox deberán retratarse, y decidir si usan la mayoría absoluta que suman juntos para tumbar estas propuestas. Entre las presentadas por el PSPV-PSOE están también que se abra una investigación sobre el entorno de Pérez Llorca, que sufre estos días una guerra sucia interna en la que se ha desvelado un informe secreto que le pone en jaque. Los socialistas piden que se requieran al PP “estos informes o dosieres a los que tengan acceso en el curso de su investigación”.
El escaño de Mazón, en el foco tras dos años de la DANA
Compromís coincide en pedir la dimisión de Mazón como diputado en Les Corts, cuando están a punto de cumplirse dos años desde que el entonces president pasara las horas más críticas de gestión de las inundaciones que se llevaron las vidas de 232 valencianos incomunicado en El Ventorro. El popular, que dimitió el pasado mes de diciembre como líder del Consell, mantiene su aforamiento, lo que permitió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) determinar que no tenía responsabilidad penal que investigar en su caso.
Los valencianistas piden también que se recupere el proyecto de la Unidad Valenciana de Emergencias, que el Gobierno de Mazón descartó poco después de llegar al poder, en 2023; y que la Generalitat asuma el traspaso de la gestión de la red de Cercanías.
En el caso de los socialistas, las propuestas incluyen también una ley que prohíba construir en zonas inundables. Esto contradice la ley de simplificación que el PP votó para permitir la construcción de hoteles a 200 metros de la costa. Tal era el empeño por aprobarla, que mantuvieron la sesión en Les Corts el propio 29 de octubre de 2024, mientras la alerta roja por la DANA ya estaba vigente. En el caso de Mazón, le piden también que remita a la jueza que investiga la gestión de las inundaciones sus mensajes durante las horas más críticas, que sigue ocultando, y que la Generalitat celebre un homenaje a las víctimas.
El PP pone el foco en los okupas y Vox en la prioridad nacional
Por el contrario, el PP ha registrado como propuestas que el Gobierno central revise el modelo de financiación autonómica, aprobado hace unas semanas por el Ministerio de Hacienda a pesar del intento de plante de las comunidades autónomas de la derecha. Piden además reforzar la Atención Primaria valenciana o avanzar en la implantación de la Oficina Autonómica Antiokupación.
En el caso de Vox, su diagnóstico de la situación de la Comunidad Valenciana a menos de un año de las elecciones es que hace falta aplicar “efectivamente” su principio de prioridad nacional, la doctrina xenófoba pactada con el PP en varias autonomías que discrimina a los migrantes en el acceso a servicios públicos. También piden prohibir el burka en espacios públicos, promover la caza en la región o eliminar cuestiones “ideológicas” en la educación.
