Un estudio impulsado por SEO/BirdLife, en colaboración con el Centre de Estudios de Derecho ambiental de Tarragona, ha optado por analizar la disparidad que existe en el tipo de sanciones penales que se imponen por delitos ambientales en lo distintos países de la Unión Europea, concluyendo que en la futura Europa de los 27, sería aconsejable que las penas se armonicen entre países. Contra el crimen ambiental, se aplican diferentes tipos de sanciones según los Estados. Desde multas, a prisión o una combinación de ambas. Las penas de prisión son las más habituales en el conjunto de la UE. Sin embargo, las condenas varían significativamente.

De simple multa a cadena perpetua

El texto muestra que, por ejemplo, dañar la capa de ozono puede implicar desde una cadena perpetua en ciertos países a una simple multa en otros. Y que la destrucción de hábitats protegidos puede conllevar penas que van desde los 6 meses a los 20 años o más, según el país. El tráfico con materiales nucleares supone medio año de cárcel en Luxemburgo, y prisión permanente en Bulgaria. El vertido o emisión de sustancias que puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños en el medio ambiente, puede suponer cadena perpetua en Malta; 20 años en Grecia o en Italia; 12 años en España y Eslovenia; 5 años en Francia o Portugal; o solo un máximo de 6 meses en Luxemburgo. Además, en diez de los países analizados, el juez puede decidir imponer una multa en lugar de la cárcel. Esta opción no se da en España con este delito, pero sí en otros tipos penales como traficar o matar una especie protegida, como un urogallo o un oso pardo. Operar una planta química peligrosa no implica pena de cárcel en Letonia, bajo ninguna circunstancia, mientras que en España supone pena de cinco años y multa. En Reino Unido, destruir la capa de ozono se salda con una multa como máximo mientras que la opción mayoritaria, pena de 5 años, está presente en el 29% de los países de la UE.

Los países del norte y centro, los más permisivos

De todos los países analizados, Luxemburgo, Estonia, Dinamarca y Austria son los que menores penas imponen ante los delitos ambientales. España se halla en la mitad de esta escala de severidad, con penas que oscilan entre los 12 años por vertidos o emisiones peligrosas y el año de cárcel por el traslado de residuos.