El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con el sector del transporte con la intención de combatir la subida "desproporcionada" de precios de los carburantes y ha anunciado un paquete de medidas que suponen una inversión estatal de más de 1.000 millones de euros, entre las que destacan una bonificación de 0,20 euros por litro en combustibles.

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha anunciado este paquete de medidas tras la consecución del acuerdo con los representantes de los Departamentos de Mercancías y Viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). El paquete pactado entrará en vigor el 1 de abril y se estima que el total de las medidas supongan una inyección de más de 1.000 millones al sector.

El pacto alcanzado cuenta con dos bloques de medidas. El primer grupo hace referencia a la bonificación directa al combustible que recibirán las empresas de transporte. De la bonificación de 0,20 euros/litro, 15 céntimos saldrán del presupuesto público y 5 céntimos correrán por cuenta de los operadores de productos petrolíferos. Las compañías petrolíferas fueron interpeladas, además, por la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que les pidió que minimizasen los "beneficios caídos del cielo" para “contribuir a la solución final y aportar”.

Este primer bloque, destinado a la bonificación directa del combustible, supondrá más de 600 millones de euros para el transporte. A esta cantidas se le sumarán los 450 millones de euros de ayudas directas al sector que completarán los más de 1.000 millones de euros en ayudas para el sector del transporte. 

Ayudas directas de 450 millones

El segundo bloque refleja un conjunto de medidas diversas, en la misma línea para frenar el encarecimiento de los carburantes:

  • Ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias)
  • Ampliación del plazo de vencimiento de los créditos ICO hasta 8 o 10 años y una ampliación del período de carencia ICO de 6 meses
  • Implantación de una nueva línea de créditos el ICO con 12 meses de carencia
  • Devolución mensual del combustible profesional y puesta en marcha de un sistema de devolución anticipada mensual con regularización anual

Por otro lado, se implantarán un conjunto de medidas sociales, dirigidas a garantizar la protección social para los autónomos. Para ello se duplicará, de 10 a 20 millones, la dotación presupuestaria de las ayudas al abandono a la profesión de transportista. El acuerdo buscará abordar también la precariedad del transporte por carretera para poder facilitar el abandono de la profesión antes de los 65 años. Por último, para reequilibrar las asimetrías entre actores del sector, se ha acordado acelerar un compromiso que se adoptó el pasado diciembre y que busca garantizar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo.

Según Moncloa, este acuerdo es amplio y sus objetivos son “reducir de manera inmediata el precio de los combustibles, apoyar de forma rápida a las empresas del sector, garantizar protección social para los autónomos y reequilibrar las asimetrías existentes entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera”.