La Inspección de Trabajo ha levantado un acta de liquidación de cuotas por la que se obliga a Seguros Santalucía a liquidar las cuotas al Régimen General de Seguridad Social correspondientes a las cotizaciones pendientes de sus trabajadores entre octubre de 2015 y enero de 2020. Esta cantidad asciende a más de 1,32 millones de euros, según informa CCOO en un comunicado.

El sindicato ha explicado que denunció el caso ante la Inspección de Trabajo, asegurando que los colaboradores externos de las agencias de Seguros Santalucía eran falsos autónomos. Tras esta denuncia, la Inspección de Trabajo de Madrid ha sido la encargada de dictar una resolución condenatoria.

“La Inspección de Trabajo de Madrid visitó el pasado año algunos centros de trabajo de la empresa Centro Técnico de Agentes de Seguros (CTAS, SA), que es una agencia exclusiva de Santalucía. En dichas visitas, la Inspección de Trabajo ha podido comprobar que el personal que presta servicios vendiendo seguros para Santalucía mediante un contrato mercantil con la agencia”, explica el sindicato.

Además, denuncia “teniendo que cotizar en el Régimen de Autónomos, en realidad desempeñan una relación laboral común, donde se dan todos los requisitos de ajenidad, dependencia y subordinación, pues desarrollan su trabajo en las propias oficinas de la empresa, utilizando herramientas y medios proporcionados por la empresa, bajo las órdenes de un monitor o inspector que supervisa su trabajo, que además les indica dónde y cómo deben realizar sus visitas para la captación de seguros, no disponen de cartera propia, no emiten factura por sus comisiones de ventas, sino que es la empresa quien lo hace e incluso cumplen con un horario de trabajo concreto, debiendo solicitar a la empresa sus vacaciones o permisos”.

"Esta estrategia que descentraliza los riesgos para la empresa trasladándolos a las personas trabajadoras está muy presente en el Sector Asegurador", denuncia el sindicato. De hecho, consideran que precariza las condiciones laborales de los trabajadores, eliminando garantías básicas como la aplicación del convenio colectivo o la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

CCOO alerta de que esta práctica es habitual en el sector asegurador desde hace muchos años y asegura que va a seguir combatiendo de forma activa estas prácticas fraudulentas. Prácticas que "no surgen con la digitalización ni son fruto de nuevas realidades laborales, sino de la mala fe de algunas empresas que cimentan sus beneficios sobre la base de la precariedad laboral".