El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sido imputado este miércoles en la pieza 17 del caso Tándem por delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los presuntos contratos con el ex comisario Villarejo. Fuentes de Iberdrola aseguran a ElPlural.com que Galán no abandonará la presidencia por su imputación, al menos no de momento.
Los estatutos de la empresa son claros con este tipo de actuaciones. "Ningún administrador, profesional o proveedor de las sociedades del Grupo puede justificar una conducta impropia, ilegal o que contravenga lo establecido en el Sistema de gobernanza y sostenibilidad", reza el documento formulado por el propio consejo de administración de la compañía.
“Los principios éticos que deben presidir la actuación de los administradores de las sociedades del Grupo -y de las personas físicas representantes de los administradores personas jurídicas- son: el estricto cumplimiento de la legalidad y del Sistema de gobernanza y sostenibilidad, incluyendo, en particular, sus deberes en materia de confidencialidad, uso de información no pública, no competencia, uso de activos sociales, oportunidades de negocio, operaciones vinculadas y otros conflictos de interés”, continúan.
Con esta declaración de intereses en los estatutos, cabría entender que el presidente de Iberdrola tendría que abandonar la presidencia tras su reciente imputación. Sin embargo, estos estatutos saltarían a la palestra en el momento en que Galán sea acusado, es decir, cuando empiece el proceso judicial.
¿Qué pasa cuando comience este proceso judicial?
“Los estatutos hablan de cuando empieza el proceso judicial. El proceso judicial se abre cuando hay una apertura de juicio oral, cuando el juez acusa a una persona” -explican fuentes jurídicas de Iberdrola a ElPlural.com- “El caso ahora está en fase de instrucción. El juez está valorando lo que hay, que es el paso previo a un juicio oral”.
Es decir, Galán no tendría que abandonar la presidencia de la eléctrica hasta el momento en que el juez instructor de la pieza 17 del caso Tándem, Manuel García-Castellón, le acuse y le mande sentarse en el banquillo. En caso de producirse esta acusación, será el consejo de administración, el propio creador de los estatutos, quien decidirá si Galán puede o no seguir como presidente de Iberdrola.
“Ningún administrador, profesional o proveedor de las sociedades del Grupo puede justificar una conducta impropia, ilegal o que contravenga lo establecido en el Sistema de gobernanza y sostenibilidad amparándose en la orden de un superior jerárquico o de cualquier administrador o profesional de las sociedades del Grupo", asegura el código ético de la compañía.
Ante la posible acusación de Galán en el caso, desde Iberdrola se remiten al comunicado difundido el pasado 25 de mayo y enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “ofreciendo la declaración de cualquier empleado o miembro del equipo directivo para aclarar lo que hiciera falta en el caso”. “Eso sigue vigente”, aseguran fuentes de Iberdrola, que ven esta imputación “como una oportunidad para aclarar el caso”.
En dicho comunicado, Galán se ofrecía a declarar voluntariamente sobre los presuntos delitos imputados por la contratación del ex comisario. Además, pedía la comparecencia de la cúpula de la compañía "en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible", basándose en “la mejor protección del interés social, sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas anteriormente referidas y en coherencia con su ánimo de remitir al Juzgado cualquier información relevante".
Varios directivos imputados en el caso
En caso de que finalmente Galán sea obligado por el consejo de administración a abandonar la presidencia, el organismo tendría que elegir de entre sus miembros a uno o más vicepresidentes previo informe a la Comisión de Nombramientos.
La imputación de Galán en el caso Tándem este miércoles no ha sido un hecho aislado, sino que el juez también ha imputado a tres de sus directivos más cercanos como son el número dos de la compañía y consejero-director de Negocio, Francisco Martínez Córcoles; el ex presidente de Iberdrola España, Fernando Bécker, y al ex jefe de Gabinete de Presidencia de la compañía, Rafael Orbegozo.
Además, otros ex directivos como el exjefe de seguridad y principal enlace con Villarejo, Antonio Asenjo; el ex consejero y director general, José Antonio del Olmo, o el exresponsable de control, José Luis San Pedro ya han sido imputados en el caso. También directivos actuales como Pablo Insunza, actual responsable de Control y Administración, y Juan Carlos Rebollo, jefe de Riegos y Aseguramiento Interno.
Las investigaciones apuntan hasta el momento a que Iberdrola pagó al ex comisario un total de 1,13 millones de euros entre 2004 y 2017 por el espionaje a diversos sectores, entre los que se encontrarían políticos, asociaciones de ecologistas o empresarios contrarios como Florentino Pérez, presidente de ACS o los afectados en el Proyecto Arrow, por la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera.
