Los empresarios Luis del Rivero, Vicente Benedito y José Domingo de Ampuero pidieron al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, "que lo procedente, en caso de negativa a la entrega de la documentación requerida [a BBVA] es la entrada y registro para la aprehensión de la evidencia documental y electrónica que contribuya al esclarecimiento pleno de los hechos", según Vozpópuli.
El medio ha tenido acceso a un escrito del 14 de julio en el que estos empresarios, afectados por la investigación ilegal del excomisario José Manuel Villarejo y su empresa Cenyt, secunda la decisión del juez de reclamar los documentos que el banco no quiere aportar a la causa.
Luis del Rivero es el expresidente de Sacyr, constructora que intentó hacerse con el accionariado del banco en 2004; Vicente Benedito ocupaba un cargo directivo tanto en BBVA como en Sacyr y José Domingo de Ampuero es uno de los fundadores del Banco de Bilbao. Los directivos ejercen la acusación popular en la causa.
Todos ellos, según este medio, han reconocido “un dato innegable”, en concreto que “en estos momentos PwC tiene en su posesión cientos de miles de correos electrónicos que contribuyen al esclarecimiento de los hechos objeto de instrucción”, en relación con las pruebas solicitadas por el juez a BBVA y la consultora PwC.
"Actitud no colaborativa por parte del BBVA"
Los empresarios han destacado que tanto el juez como otros magistrados de la Audiencia Nacional "cuando tienen indicios de que obran en poder de terceros evidencias documentales o electrónicas que permiten el esclarecimiento de los hechos, proceden a realizar entradas y registros para poder aprehender dichas evidencias".
Así, reclaman que el juez instructor "podía haber optado, a la vista de la actitud no colaborativa por parte del BBVA, por emitir la correspondiente orden de entrada y registro. Sin embargo, respetuoso al máximo con los derechos de defensa del BBVA, se ha limitado a realizar requerimientos puntuales a PwC menos lesivos para dichos derechos de defensa".
Los empresarios van más allá en su petición y aseguran que "existen indicios racionales de la perpetración de hechos delictivos, así como de que obra en posesión de PwC evidencias documentales y digitales relevantes para el esclarecimiento de los hechos, lo cual justifica sobradamente la emisión de una orden de entrada y registro en caso de que no se aporte voluntariamente dichas evidencias".
BBVA, imputado como persona jurídica en el caso Tándem
BBVA está imputado como persona jurídica en la pieza número nueve del caso Tándem, que investiga la presunta contratación irregular de los servicios del excomisario Villarejo, en prisión provisional desde noviembre en 2017, y de su “clan policial mafioso”.
En los últimos meses BBVA ha enviado al juez instructor diferentes documentos criticando la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, según Vozpópuli, que ha reclamado diferentes documentos de forma insistente, que el banco no ha aportado por el momento.
En un escrito enviado el 8 de julio, los representantes legales de BBVA explicaron que su actuación "es exactamente lo contrario a la manipulación de pruebas o al engaño o trampa que injustamente nos atribuye el ministerio público" y rechazan "de la forma más rotunda las acusaciones de engañar, manipular pruebas y poner trampas dirigidas por el Ministerio Fiscal contra BBVA y sus abogados defensores. Dichas acusaciones son infundadas, injustas y contradictorias con la propia conducta procesal del ministerio público", según el texto.
Así, la defensa de BBVA termina el escrito al juez García Castellón pidiendo “esperanza” de que "no sea este el tono en lo sucesivo, sino que, al contrario, podamos mantener con el Ministerio Fiscal un debate procesal que, aunque discrepante, discurra de forma leal y respetuosa, como en todo caso requiere la función institucional que le confieren las leyes".
Solo el ex jefe de seguridad sabía que el Grupo Cenyt era de Villarejo, según la entidad
El sumario del caso sigue mostrando evidencias de que la entidad conocía al excomisario Villarejo en octubre de 2016, al contrario de lo que declaró su expresidente Francisco González, y que contrató desde 2004 sus servicios de forma irregular, según la Fiscalía Anticorrupción y el juez Manuel García Castellón.
El director de servicios jurídicos del banco, Adolfo Fraguas, ha declarado como representante legal de la entidad. En su declaración apuntaba que en la entidad desconocían que estas empresas, contratadas por el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, tenían vinculación con el excomisario.
Según esta versión, solo Corrochano sabía que el Grupo Cenyt era de Villarejo y el propio expresidente, Francisco González, incluso reconoció que se enteró de la identidad del excomisario en 2018, cuando apareció en un programa de televisión.
Una versión que se desmonta ya que empleados de comunicación y de los servicios públicos de la entidad reconocen en una cadena de correos electrónicos el conocimiento de la relación contractual. En concreto, se especifica que una persona del entorno de Villarejo había entregado un informe policial sobre el caso Ausbanc. "Es un tipo que se mueve bien con la Policía, con los Villarejo y tal, con lo que hay que tener cuidado. Pero el documento es bueno", escribe una empleada.
Eduardo Ortega, exmagistrado de la Audiencia Nacional y parte del equipo jurídico de BBVA en ese momento, respondía al correo: "No teníamos nada de esto. Debe formar parte de los documentos y pruebas obtenidos en la entrada y registro en Ausbanc. Aún está pendiente de entrega, por la Policía, este informe, de manera que no lo tenemos".
