Con una simple búsqueda en Google y en otras bases de datos públicas, dos investigadores de la Universidad de Boston han demostrado que los principales fabricantes de refrescos azucarados, Pepsi y Coca-Cola, se han pasado al menos cuatro años -de 2011 a 2014- patrocinando fundaciones y organizaciones de salud y haciendo 'lobby' contra propuestas legislativas encaminadas a reducir el consumo de refrescos. Sólo en ese período se han gastado 6 millones de dólares.
Sus hallazgos, publicado en la revista American Journal of Preventive Medicine, se suman al escándalo que sacudió a Coca-Cola en 2015, cuando The New York Times se hizo eco de que había financiado una asociación científica para difundir el mensaje de que era la falta de ejercicio y no la mala alimentación la responsable de la epidemia de obesidad mundial.
Maniobras de ocultación
Coca-Cola y su competidora Pepsi se ha dedicado a hacer maniobras para evitar lo que los autores del estudio llaman "un compromiso sincero para mejorar la salud pública". Las empresas han trabajado en dos frentes: pagar a asociaciones científicas y hacer lobby -con grupos como la American Bar Association (ABA) o la Asociación de Fabricantes de Comestibles (GMA) -contra medidas legislativas que pudieran afectarles. En concreto, fueron 27 las propuestas contra las que votaron en diferentes estados de EEUU, sobretodo referidas a etiquetado, restricción en cantidad de compras e impuestos.
Objetivo especial los diabéticos
A los autores del estudio les llamó especialmente la atención que dos de los receptores de ayudas económicas por parte de estas compañías eran la Asociación Estadounidense de Diabetes y la Fundación de la Investigación en Diabetes Juvenil.
La revista Diabetes Care publicó en 2010 un metaanálisis en el que se ponía de manifiesto la asociación clara entre el consumo de refrescos azucarados y la prevalencia de diabetes, uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad cardiovascular.
