La elusión fiscal, práctica que consiste en no pagar los impuestos correspondientes utilizando las normas tributarias de forma distinta al fin con el que han sido diseñadas por el legislador, aprovechando vacíos legales, es una práctica de sobra conocida por las grandes empresas. Tanto es así que, según un informe de National Bureau of Economic Research (NBER), organización de investigación estadounidense, España pierde 4.300 de euros al año por esta práctica, cuanto menos cuestionable, aunque no ilegal, de las empresas.
Según los datos recogidos por la oficina sin ánimo de lucro en 2019, último año de estudio, el montante eludido equivale al 18% de todo lo recaudado a través del Impuesto de Sociedades. Concretamente, en ese año España recaudó un total de 23.700 millones a través de esta figura tributaria y habría sido más de no ser por el agujero a consecuencia del proceder de algunas empresas, que supuso una reducción del 2% del total de la recaudación de Hacienda. Recaudación que posteriormente se destina a financiar servicios públicos, abonar prestaciones como la pensión de jubilación o el desempleo o pagar el salario de los funcionarios, entre otras muchas cosas.
La cantidad total de dinero desviado fuera de España por parte de las compañías en 2019 ronda los 20.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 46% con respecto a 2015. Este fuerte incremento constata que estas prácticas están cada vez más extendidas entre las grandes empresas, aquellas con mayores márgenes de beneficios. No obstante, a pesar de que en España la situación es sangrante, Reino Unido tiene una situación peor tras dejar de recaudar el 32% del impuesto de sociedades. Al país británico le siguen otros vecinos europeos como Alemania (29%), Francia (22%) o Italia, que clava el dato español.
Paraísos fiscales favoritos
Como es habitual, cuando unos pierden otros ganan y en este caso no es diferente. Todo el dinero que las empresas deciden no pagar en el país en el que están registradas se dirige a otros, considerados paraísos fiscales, que engrosan ampliamente sus cuentas. En total, estos países recibieron en 2019 más de 900.000 millones de euros procedentes de los países emisores.
Como si de unas vacaciones se tratarán, el destino favorito de los regateadores de la fiscalidad es el Caribe (islas Caimán, Vírgenes y Montserrat), que percibió 160.000 millones de euros procedentes de otros países. Singapur sigue muy de cerca a los territorios de ultramar británicos con una ganancia de 130.000 millones, de igual manera que Irlanda (130.000 millones). De hecho, solo en la Unión Europea, teniendo en cuenta todos los países con una tributación muy reducida, que fomenta la fuga de capitales y la competencia desleal, seis países (Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Suiza) ‘roban’ 465.000 millones a sus vecinos en concepto de evasión (ilegal), que ya no de elusión.
Respuesta Europea
Para responder a esto, Bruselas ha aprobado unánimemente un acuerdo que establece que las grandes empresas del la Unión abonen, al menos, un 15% del impuesto de sociedades. En consecuencia, todas aquellas compañías cuya facturación sea superior a los 750 millones de euros anuales no podrán escapar de estos tipos, por lo menos no en Europa. Esta nueva Directiva, acordada el pasado lunes, pero que tendrá que ser votada por el Consejo, deriva del acuerdo alcanzado por un total 140 países miembros de la OCDE y el G-20 en 2021.
Nadia Calviño, vicepresidenta de primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, lleva presionando en nombre de España durante meses para conseguir que esta norma se asuma. De hecho, conjuntamente con otros países, se llegó a presentar un a declaración conjunta para presionar a la Comisión. Esta iniciativa española, que requería el apoyo del resto de Estados, parece que definitivamente verá la luz.
“Nosotros apoyamos cualquier propuesta que nos permita tener cuanto antes transpuestas aquellas normas y acuerdos que consiguieron el año pasado en el seno de la OCDE y del G20. Cuanto antes tenemos que tener en Europa un tipo medio de sociedades que nos permita garantizar la justicia de nuestros sistemas fiscales”, apuntaba Calviño el pasado 9 de septiembre.
