El inspector del Banco de España José Antonio Casaus Lara ha señalado que en enero de 2012 Deloitte les trasladó que el grupo BFA-Bankia no le estaba proporcionando la documentación que necesitaba para auditar las cuentas de 2011, por lo que el supervisor conocía el riesgo de que las cuentas no se auditasen o la auditoría arrojara un resultado peor de los 400 millones que les habían presentado.

Así lo ha señalado durante su declaración como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), en la que ha respaldado la versión que dio el socio de Deloitte Francisco Celma, quien fue interrogado en dicho procedimiento el pasado mes. Según ha indicado, el 11 de enero de 2012 se reunió con el interventor del grupo, quien le informó de que dos días después se reuniría con Deloitte. Aunque no recuerda ser notificado del contenido de dicha reunión, sí que Casaus y su entonces jefe, José Antonio Gracia, se citaron con el socio auditor de Deloitte Francisco Celma.

De este encuentro, el inspector recuerda tres elementos: la incertidumbre de Celma alrededor del real decreto ley Guindos, que a pesar de ser posterior al cierre "no podía pasar desapercibido" por su magnitud; que al auditor externo no le estaban facilitando los papeles de tasaciones, por lo que no podía pronunciarse sobre las cuentas de 2011, y que se habló de la participación de BFA en Bankia y de los activos fiscales. Concretamente, respecto a los papeles que le faltaban a Deloitte, ha detallado que Celma no contaba con ningún papel de todo el área inmobiliaria, tanto de BFA como de Bankia, por lo que se planteaba poner una limitación al alcance, que es cuando el auditor dice que no puede pronunciarse porque no tiene información suficiente. "Esto es un riesgo reputacional importante, porque lo normal es pensar que por algo no le habrán dado los papeles", ha reflexionado Casaus.

En cuanto a Bankia, el inspector recuerda que a Celma le parecía "excesivo" un beneficio de 400 millones de euros (las cuentas todavía no habían sido formuladas por el consejo de administración) y que entendía que los fuertes saneamientos "iban a seguir siendo la tónica en el medio plazo".

"Ya sabíamos que había un riesgo de que el auditor no diera el visto bueno a las cuentas o que lo diera pero con unas cifras distintas y peores de las que nos habían pasado. Además, eran cuentas que no habían sido formuladas por el consejo de administración y el auditor parecía que ponía pegas. Creímos prudente, y se mostró acertado con el paso del tiempo, poner un 'disclaimer' o nota de atención", ha relatado Casaus.