La Guardia Civil ha destapado un “sistema de cortafuegos” que diseñó el Govern de Carles Puigdemont con el objetivo de adquirir las cotizaciones de los trabajadores catalanes después de la declaración unilateral de independencia (DUI), según ha anunciado Servimedia esta mañana.
El periódico digital El Confidencial ha sido el que ha podido acceder a informes policiales en los que se demuestran que esta idea estuvo durante varios meses en desarrollo en el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, dirigido por Dolors Bassa. Además, habría contado con la ayuda de consultoras y tecnológicas como Deloitte e IBM, entre otras grandes compañías del sector.
Asimismo, los documentos de la policía determinaban que la táctica de Govern pretendía una “ruptura pactada con el Estado” para que la parte de la Seguridad Social que supuestamente correspondía a los trabajadores, pensionistas y desempleados estuviera de forma ordenada bajo el control de la Generalitat. Desde ese momento, las empresas catalanas debían abonar las cotizaciones de sus trabajadores a la Seguridad Social de la nueva república, que se ocuparía, después, de gestionar el pago de las prestaciones por desempleo, los subsidios por incapacidad y las pensiones por jubilación que correspondieran a cada beneficiario.
El medio digital también informa que Puigdemont se habría esforzado en organizar un escenario mucho menos amistoso y que ese ‘plan B’ venía de la hipótesis de una “desconexión forzosa” con el Estado y consideraba más importante la creación de una Seguridad Social catalana encargada de recaudar cotizaciones al margen de la Administración central y así, al siguiente día de la independencia, la nueva república pudiera cobrar y pagar las prestaciones de sus ciudadanos.
La Guardia Civil encontró las pruebas de este proyecto durante los registros de la ‘operación Anubis’, el 20 de septiembre de 2017, en las oficinas de varios altos cargos del Departamento de Trabajo, y las conclusiones de su análisis figuran en un nuevo atestado incluido en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona al que El Confidencial confirma haber tenido acceso.
Dichos documentos mostrarían que el Govern comenzó a trabajar desde el mes de octubre de 2016 para la creación de una organización que asumiera el papel de la Seguridad Social en Cataluña en el caso de una ruptura unilateral con el Estado. El Ejecutivo de Puigdemont llegó al punto de ponerle nombre: Agencia Catalana de Protección Social (ACPS).
Mucha de la información sobre este nuevo organismo correspondía a David Franco, responsable del Programa de Transformación Digital de la Protección Social, encuadrado en el Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la consejería. El periódico digital ha difundido que los investigadores encontraron anotaciones en un cuaderno de color naranja que indicaba que, un año antes de la consulta, Franco ya estaba coordinando la parte técnica de un plan social para poner en funcionamiento la Agencia Catalana de Protección Social.
Además, los documentos a los que ha tenido acceso el periódico señalan que Deloitte asumió la producción del organismo y fue la empresa responsable de “realizar el seguimiento de su despliegue” y que el nombre de la consultora está presente en diversas páginas de una libreta que habrían encontrado en el Departamento de Trabajo. La libreta de Franco también destaparía que el desarrollo de la Agencia Catalana de Protección Social fue directamente aprobada y supervisada por Josué Sallent, uno de los 14 detenidos por la ‘operación Anubis’ “y mano derecha de Oriol Junqueras en el polémico Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat”.
De igual manera especifican que, junto a Deloitte, en la libre aparecen otras empresas como Hewlett Packard (HP), que habría facilitado un centro de procesamiento de datos (CPD) para acumular toda la información que la Agencia Catalana de protección Social necesitaba para ser efectiva y poder funcionar.
El Confidencial cuenta que en la libreta de Franco, los investigadores también encontró esquemas del procedimiento de cobro de cotizaciones, el sistema de afiliación y los pagos de las prestaciones y pensiones, y agrega que según la Guardia Civil, IBM y en menor medida la consultora catalana Itteria fueron empresas elegidas para crear el software que debía hacer funcionar a la Agencia Catalana de Protección Social, para poder gestionar todos los trámites con un elevado nivel de seguridad.
