Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son una de las apuestas de muchos ayuntamientos a lo largo del mundo para descontaminar los centros de las ciudades y hacer los núcleos urbanos algo más habitables para los millones de ciudadanos que pueblan sus calles. El Gobierno ha hecho una firme apuesta por su implantación, destinando miles de millones de fondos europeos a los consistorios; sin embargo, los más radicales gestionados por el Partido Popular (PP) han optado por plantar cara a la crisis climática y otros muchos van con retraso. Así, apenas dos decenas de las 150 ZBE planteadas están en funcionamiento.

La ley climática de mayo de 2021 estableció la obligatoriedad de contar con estas zonas y contaban con 1.500 millones de euros de los Next Generation para desarrollarlas correctamente, adecuándolas a las particularidades de cada ciudad. El plazo establecido finalizaba con la entrada de 2023, aunque en estas cuestiones suele darse un tiempo de tregua a las urbes. No obstante, habiendo transcurrido ya casi nueve meses de este año, tan solo 17 están en funcionamiento y alguna podría decaer, tal y como ha anunciado Xavier García Albiol, alcalde conservador de Badalona que pretende retroceder en lo avanzado en la ciudad catalana.

Múltiples Ayuntamientos que han recibido partidas procedentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la construcción de carriles bici, peatonalizaciones, transformación eléctrica del transporte público, implantación de las ZBE y otras modificaciones urbanas que vayan en la dirección de hacer más verdes las ciudades ahora están plantando cara al Gobierno que les ha entregado los fondos. La cartera liderada por Raquel Sánchez ha trasladado a todos ellos un “recordatorio” de que deberán cumplirá con la naturaleza de los fondos entregados y que, de lo contrario, estas cantidades deberían ser devueltas.

La ley de Subvenciones lo deja claro, se debe “cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones”. Además, la propia norma refleja que las cantidades deberán ser devueltas con intereses de demora por “el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención”. Uno de los encumbrados rebeldes contra la transición ecológica es el alcalde de Badalona, sumándose a otros municipios como Elche o Gijón, entre muchos otros.

A estos, personificando el argumento en la figura de Albiol, les ha respondido Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “En movilidad urbana y calidad del aire pasa como en peatonalización de centros urbanos y transporte público: salud, medio ambiente y política social son aliados”, respondía a un vídeo explicativo del gerente de Badalona. “No hay excusas ni la ley obliga a multar o castigar a nadie. Sí a buscar soluciones e invertir bien el dinero recibido”, añadía la líder de la cartera, que ha estado estas semanas en Bruselas defendiendo la transición.

Además, sobre las excusas esgrimidas por los díscolos, que apuntan a una defensa de los más vulnerables que no pueden modificar sus vehículos, Ribera ha recordado que existen muchas fórmulas y excepciones para realizar las modificaciones verdes sin dejar a nadie atrás. “Puede haber horarios de carga y descarga, flexibilidad para residentes, apuesta de transformación urbana. Pero en salud, no cabe regatear. Eso sí es una amenaza”, ha expuesto la titular de la cartera de Transformación Ecológica, respondiendo a las acusaciones sobre amenazas de retirada de dinero.

“La buena noticia es que es posible ofrecer soluciones reales y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, ha recordado también la vicepresidenta tercera, instando a los Ayuntamientos a plantear soluciones que vayan más allá de fulminar las ZBE. El ministerio facilitó una serie de directrices a seguir para una correcta implantación y está abierto a escuchar propuestas municipales alternativas, pero también advierte de que “el Gobierno fiscalizará todos los proyectos y tendrán que devolver las cuantías si no los implementan en forma y plazo”.

El ministerio de Transportes también advirtió de ello y recordó que todos aquellos cambios que pretendan aplicarse deben ser aprobados desde el Gobierno central, quien ha entregado los fondos. “La modificación de las condiciones establecidas en la resolución habrá de ser solicitada por el beneficiario, en su caso, antes de que concluya el plazo para la realización de la actuación objeto de ayuda. La decisión sobre la solicitud de modificación corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”, podía leerse en documento aclaratorio del Ministerio.

Con todo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera que se siga avanzando hacia una movilidad más sostenible y verde. Las víctimas de los ayuntamientos del PP, mucho de ellos ocupados conjuntamente con Vox, no están siendo únicamente las ZBE, sino que carriles bici, zonas arboladas o calles peatonalizadas están sufriendo la ira negacionista. Así, desde Moncloa se espera que estas decisiones se rectifiquen y se siga apostando por darle una mejor vida los ciudadanos.